La Asamblea Nacional sesionará mañana, a partir de las 09h30, con el fin de tratar el proyecto de resolución de condena y rechazo a los actos violentos que se han producido durante las últimas semanas en el país.
Según el proyecto, se condena y denuncia a la opinión pública nacional e internacional, los intentos golpistas promovidos, organizados y ejecutados por actores políticos de derecha, por constituirse éstos, en una abierta afrenta al espíritu y vocación democrática del pueblo ecuatoriano; así como las actitudes que violentan tanto a las instituciones públicas como a la propiedad privada.
Además, se conmina a los distintos actores políticos de la oposición a que, en el ejercicio de sus legítimos derechos a oponerse y/o al control político, lo hagan observando la Constitución y la ley, pero sobre todo, el marco del respeto a las y los ciudadanos;
Gabriela Rivadeneira, titular del Legislativo, convocó también a la sociedad civil comprometida con los intereses nacionales a sumarse al diálogo nacional propuesto por el presidente Rafael Correa, por considerar esta iniciativa como la «única salida democrática posible para alcanzar juntos el Ecuador justo y solidario que todas y todos queremos» y ratificó el espíritu democrático y el compromiso de la Asamblea Nacional de seguir construyendo las leyes amparados en la participación abierta, democrática, pública y transparente de todos los actores sociales.
En los considerandos se advierte que con el argumento de oponerse a los proyectos de ley presentados por el Presidente de la República sobre el impuesto a la herencia y a la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmuebles, en las pasadas semanas se han producido algunas movilizaciones cuya consigna principal ha sido la de “fuera Correa fuera”; mismas que, en unos casos lideradas y en otros influenciadas por grupos opositores al régimen identificados con la extrema derecha política, degeneraron en provocaciones a la fuerza pública y acciones violentas en contra de la propiedad pública y privada;
En el proyecto se considera que el derecho ciudadano a manifestarse democrática y pacíficamente en las calles, debe ir de la mano con el planteamiento concreto de propuestas. (I)