La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy el «inminente cierre» en Ecuador de un grupo que trabaja
en favor de la libertad de expresión y calificó la medida como «un evidente abuso de poder» por parte del Gobierno de Rafael Correa.
La organización se refiere al caso de Fundamedios, que el martes denunció que la Secretaría Nacional de Comunicación le informó sobre el inicio de su proceso de disolución por divulgar contenidos de blogs de opinión.
«El Gobierno de Correa desea castigar a una organización por tuitear artículos con noticias y opiniones que no le gustan», afirmó en un comunicado el director gerente para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson.
«Es un evidente abuso de poder y un ejemplo claro de las prácticas autoritarias de este Gobierno», agregó Wilkinson.
Fundamedios, que promueve el desarrollo social en todos los ámbitos a través de los medios de comunicación, sostiene que las autoridades les han dado un plazo de diez días para preparar su defensa dentro del proceso administrativo.
HRW considera a Fundamedios como «una de las más importantes organizaciones que trabajan sobre la libertad de expresión en Ecuador«.
«El Gobierno debería desistir inmediatamente de sus ataques contra organizaciones independientes de derechos humanos» en Ecuador, agregó el comunicado de HRW, con sede en Nueva York.
La organización recuerda que en 2013 Correa dictó un decreto «extremadamente vago» que otorga al Gobierno «amplias facultades para intervenir en las actividades de organizaciones no gubernamentales».
Esas facultades, añadió, incluyen «la posibilidad de disolver organizaciones cuando ‘afecten la paz pública’ o se desvíen de los fines u objetivos que identificaron al momento de registrarse ante el Gobierno».
«El Gobierno de Ecuador debería concluir el proceso administrativo contra Fundamedios y derogar estas normas para cumplir con su obligación de proteger los derechos a la libertad de expresión y asociación», afirmó HRW.
También reaccionó este miércoles sobre este tema el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), que pidió a las autoridades del país andino «reiterar inmediatamente este proceso, motivado políticamente».
«No satisfecho con perseguir, acosar, multar y abusar verbalmente de sus críticos en la prensa privada, el Gobierno ecuatoriano ahora amenaza con la disolución del grupo líder de libertad de prensa en el país», señaló Carlos Lauría, directivo del CPJ. EFE (I)