Quito.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo su 156º Periodo de Sesiones del 17 al 28 de octubre. Uno de los temas que escuchará en audiencia es el estancamiento de las investigaciones pedidas por la extinta Comisión de la Verdad del Ecuador.
La Comisión de la Verdad concluyó su mandato hace 5 años y desde entonces los casos por ella documentados no han tenido mayores avances. De los 138 casos que la Comisión de la Verdad trasladó a la Fiscalía General del Estado para ser investigados, sólo 6 han sido llevados a fase judicial y de esos ninguno tiene sentencia en firme.
La audiencia para que la CIDH conozca esta problemática fue solicitado por la Fundación para el Debido Proceso, con el apoyo de organizaciones como Open Society y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
La comitiva que expondrá ante la CIDH el no cumplimiento de las 156 recomendaciones de la Comisión de la Verdad por parte del Estado ecuatoriano está integrada por el Dr. Juan Pablo Albán, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito; Susana Cajas, de la Mesa Nacional de Víctimas y la Hermana Elsie Monje, que fue presidenta de la Comisión de la Verdad y hoy es la vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Las dos últimas participarán por video.
Para responder preguntas estarán Florinda Guzmán de Garzón, madre del escritor desaparecido Gustavo Garzón, y Leonor Arteaga, representante de la Fundación para el Debido Proceso.
El Dr. Juan Pablo Albán conversó con La República.EC sobre los temas que se abordarán en la audiencia hacia la CIDH.
– ¿Cuál es el propósito de la audiencia?
– El informe de la Comisión de la Verdad tiene 156 recomendaciones muy particulares y específicas. La verdad administrativa de la Comisión de la Verdad tuvo que haberse complementado con una investigación penal y una atribución de las consecuencias penales a los responsables de los delitos. También tuvo que ofrecerse una reparación integral a las víctimas de estos crímenes. Para el cumplimiento de estos propósitos la Comisión de la Verdad le entregó a la Fiscalía General del Estado los expedientes de los 118 casos documentados de manera explícita en el informe y 18 expedientes de casos que no alcanzó a realizar la investigación por la terminación de su mandato temporal. En total son 136 casos. Entre las recomendaciones, la Comisión de la Verdad planteó la adopción de una Ley de Víctimas, de hecho la propia Comisión de la Verdad diseñó el proyecto de Ley. A la fecha, 5 años después, de 136 casos se han activado judicialmente 6, en ninguno de ellos existe una sentencia firme. Se abrió 347 expedientes a nivel de la Defensoría del Pueblo para reparar a las víctimas de los diferentes casos, pero ninguna de las víctimas ha sido reparada, ni siquiera en medidas muy elementales como la concesión de una beca a través de los programas públicos existentes o el otorgamiento de un préstamo a través de los mecanismos financieros del Estado, mucho menos el pago de las compensaciones económicas. Todo eso está pendiente.
– ¿Por qué acudir a la CIDH?
– Entre las autoridades a quienes la Comisión de la Verdad entregó su informe se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el Estado ecuatoriano con orgullo fue a decirle a la CIDH que hemos descubierto todos estos crímenes cometidos y que hay estas víctimas. Lo lógico sería, entonces, que la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad también tengan el seguimiento de la CIDH.
– ¿Entonces, el Ecuador celebró el informe de la Comisión de la Verdad pero no lo cumplió?
– El gobierno cada vez que se refiere al tema usa a las víctimas como cifras y se vanagloria de que por primera vez se ha hecho tanto por ellas, cuando en realidad las víctimas lo que sienten es que están siendo revictimizadas. Recién regresó el señor Fiscal General de un viaje a Ginebra, tras reunirse con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Fomento de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición, que es Pablo de Greiff, quien aparentemente quedó muy impresionado por la información que se le trasladó. El problema es que no se le pasa el resto de la información de todo lo que se está dejando de hacer. Entonces, creo yo, que sin dejar de reconocer los pasos importantes que ha habido desde la instalación de la Comisión de la Verdad hasta las decisiones, por ejemplo, de que por primera vez en el Ecuador se hace alusión a graves violaciones a los Derechos Humanos o a la institución de la cosa juzgada fraudulenta, también tenemos que reconocer que hay demasiado pendiente que ya se fue mucho tiempo en el que se debió avanzar más.
– ¿Cuál será la petición concreta a la CIDH?
– En términos prácticos nuestra intención, con un ánimo muy propositivo, es pedirle a la CIDH que formule ciertas recomendaciones al Estado ecuatoriano que permitirían mejorar los procesos de implementación de la Ley para la Reparación de las Víctimas y garantizar un avance más ágil en la investigación penal de estos casos. Entonces, entre otras cosas, se va a plantear a la CIDH que recomiende al Estado ecuatoriano una reinstalación provisional de la propia Comisión de la Verdad, a fin de que esta establezca ciertos criterios para la identificación de víctimas que en este momento están siendo invisibilizadas por la Defensoría del Pueblo. Que la CIDH recomiende una modificación de la Ley para verdaderamente incorporar los parámetros interamericanos que en este momento no se están respetando. Le vamos a pedir a la CIDH que recomiende ciertas pautas para la aplicación del estándar de la debida diligencia para que la Fiscalía pueda obtener mejores resultados en sus procesos de investigación. También que la CIDH recomiende aumentar los recursos materiales y humanos que están destinados a este proceso, para que hayan resultados más eficientes.
– Si se llegará a reinstalar la Comisión de la Verdad. ¿Deben integrarla los mismos miembros de hace 5 años?
– La intención sería mantener la misma estructura en cuanto al órgano ejecutivo y de decisión. Yo tengo ciertas dudas sobre la posibilidad de reinstalar el equipo técnico porque muchos de quienes fueron parte del mismo, comenzando por su secretario, Cristian Bahamonde, hoy son funcionarios públicos que están prestando sus servicios justamente en entidades que tienen responsabilidades en la implementación de las recomendaciones. Entonces, creería yo que seguramente tendrá que integrarse otro equipo técnico pero claro, quienes pueden explicarle a la sociedad ecuatoriana cuáles fueron los objetivos que perseguían y cuál es el alcance de las recomendaciones, que no se están cumpliendo, son los miembros originales de la Comisión de la Verdad.
– ¿El gobierno verá con buenos ojos la gestión que ustedes realizarán?
– Vamos muy propositivos, sabemos de antemano que no podemos ser ilusos, que seguramente la reacción del Estado ecuatoriano va a ser adversa ante estos planteamientos. Pero también creemos que el hecho de que la Comunidad Internacional, a través de la CIDH, conozca de este problema podría motivar que otros Estados, sin violentar el principio de no intervención y respetando nuestra soberanía estatal, aconseje al gobierno ecuatoriano a partir de su propia experiencia: Argentina, Chile, Perú o Colombia; ésta última en un proceso todavía inconcluso ya tiene resultados mucho más notables que lo que tiene en este momento el Ecuador 5 años después de la terminación de labores de su Comisión de la Verdad. El universo de víctimas en el caso ecuatoriano no es tan grande. El esfuerzo sí, sin duda es un esfuerzo importante, mucho más serio en un momento de recesión económica como el que estamos viviendo. Pero una promesa incumplida lo único que hace es dañar otra vez a las víctimas. Entonces creo que este será un ejercicio interesante y espero que no sea objeto de una descalificación posterior por parte de las autoridades porque, si bien va a consistir principalmente en una crítica, la haremos con un ánimo muy constructivo.
– Además, ¿participará en una charla en Washington?
– El día viernes, al medio día, vamos a tener un conservatorio convocado por varias organizaciones internacionales de la sociedad civil que trabajan en temas de Derechos Humanos, para debatir sobre la situación de la administración de justicia en el Ecuador, sobre los problemas de falta de independencia, el sometimiento de función jurisdiccional a los caprichos del Ejecutivo, y vamos a tener también una discusión sobre la progresiva criminalización de la protesta social y el uso del derecho penal como un mecanismo de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión.