Quito, 2 nov (EFE).- Un tribunal arbitral internacional redujo hoy una condena por 1.700 millones de dólares impuesta a Ecuador, tras una demanda de la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), pero le obligó a cancelar unos mil millones, según informó el presidente del país, Rafael Correa.
Ecuador esperaba hoy el fallo final a su pedido de «nulidad de la condena» emitida en 2012 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi), a la que Correa ha calificado de «injusticia tremenda».
«Llegó laudo OXY. Logramos nulidad de 40 % de laudo original, es decir 700 millones menos, pero nos ordenan pagar cerca de mil» millones, escribió Correa en su cuenta de Twitter.
Oxy demandó a Ecuador ante el Ciadi en 2006, después de que el Gobierno de Quito declarara la caducidad de un contrato de explotación en un zona petrolera en la Amazonía por haber cedido, sin avisar al Estado, el 40 % de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.
El ministro que firmó la caducidad fue Iván Rodríguez. La decisión se tomó durante el gobierno del Presidente Alfredo Palacio. La decisión fue apoyada vivamente por el entonces candidato presidencial Rafael Correa, que había sido ministro de Economía de Palacio. Correa llegó a amenazar con la cárcel en un gobierno suyo si no se declaraba la caducidad del contrato.
El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió las operaciones del campo que operaba, lo que para la petrolera fue una especie de confiscación de sus activos y una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
En octubre de 2012, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Invesiones (CIADI) ya dio la razón a la petrolera Oxy en su demanda y ordenó al Ecuador pagar 1.769.625.000 millones de dólares, que el es el valor que el CIADI estima que costaban las instalaciones del bloque 15 cuando el Estado ecuatoriano se apropió de ellas, tras la cancelación del contrato. El presidente Rafael Correa apeló.
«Tratan la caducidad por incumplimientos legales, como confiscación. ¡Otro atentado a nuestra soberanía!», añadió el mandatario en su cuenta en la red social, al reiterar que su Gobierno mantiene conversaciones con la petrolera estadounidense para llegar a un acuerdo amistoso.
«Ya hemos presentado una propuesta a OXY y con el laudo definitivo continuaremos negociando», subrayó Correa, quien atribuyó este revés para el país como «¡Otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal!», en referencia a los Gobiernos conservadores del pasado.
El mismo gobernante, el sábado pasado en su habitual informe de labores, señaló que esperaba para hoy el fallo final al pedido de nulidad a la condena del Ciadi.
«Tenemos mucha fe que el tribunal haya acogido nuestra petición de nulidad, pero en caso de que no sea así, pues también estamos preparados para enfrentar cualquier escenario», dijo entonces Correa.
Recordó que su país pidió que se anule esa condena al considerar que el tribunal arbitral no tenía competencia para tratar el caso y ante el comentario de unos de los jueces que se opuso a la sentencia y, más bien, advirtió sobre las inconsistencia de la demanda.
En agosto de 2013 un Comité de Anulaciones suspendió la ejecución de la condena emitida por el Ciadi, luego que Ecuador presentara el recurso de anulación.
La condena inicial supone «una injusticia tremenda», ya que la petrolera incumplió la normativa ecuatoriana y el Ciadi no debía tramitar el caso, al tratarse de un asunto de caducidad del contrato, que no forma parte de los TBI, dijo Correa el sábado.
«Estos TBI no incluyen la caducidad, pero se declaró competente el tribunal» e impuso a Ecuador la condena pecuniaria «más grande para un país en la historia de estos arbitrajes», por un monto de 1.700 millones de dólares que, más intereses, «supera los 2.000 millones», recordó el mandatario.
Asimismo, Correa insistió en que su Gobierno ha mantenido conversaciones con Oxy para «tratar de arreglar las cosas amistosamente», pues de otra manera «perdemos los dos», según comentó.
De su lado, el procurador (juez de cuentas) del Estado, Diego García, indicó en un comunicado que la decisión del tribunal de reducir el monto de la condena a 1.061.775.000 dólares, «contrasta con lo pretendido inicialmente por Oxy de 3.370.000.000».
La Procuraduría y el Ministerio de Finanzas, añadió García, «confirman su intención de seguir trabajando en un acuerdo con Oxy, con miras a alcanzar una pronta y amigable resolución con la petrolera».
Además, sostuvo que ambas entidades «informarán oportunamente al pueblo ecuatoriano sobre el resultado» de las negociaciones.EFE