La criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos ha aumentado en Ecuador, según un informe de organismos de derechos humanos presentado hoy en Quito, que afirma que con ello se busca «detener la labor de los líderes sociales», así como intimidar y estigmatizar a quienes la ejercen.
El informe, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en conjunto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Fundación regional de asesoría en derechos humanos, se presentó con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Según las organizaciones, el fenómeno de criminalización de la protesta social en América Latina «aumenta» y en Ecuador esta práctica pretende «intimidar y estigmatizar» a quienes «protestan en contra de proyectos industriales o en defensa de sus territorios».
Autoridades del Gobierno ecuatoriano y el propio gobernante, Rafael Correa, han asegurado reiteradamente que en el país está permitida la protesta pacífica que no afecte la provisión de servicios públicos o la libre circulación, y que no se persigue a personas sino a delitos.
En el informe, que se centra en tres casos, con la aclaración de que no son los únicos, se examinan supuestas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por parte del Estado ecuatoriano en casos judiciales de varios líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Ecuador.
A la luz de esos tres casos, José Araya, representante de la FIDH, dijo en rueda de prensa que «claramente hay un hostigamiento judicial a líderes y organizaciones».
Añadió que tanto desde el ámbito judicial como desde el político «se abusa de la ambigüedad y amplitud que existen en tipos penales que hay en la legislación ecuatoriana», entre los que mencionó el terrorismo y sabotaje.
En los casos analizados, «se constataron violaciones a las garantías judiciales, a (la) igualdad ante la ley y (a) la obligación de investigar, a las libertades de expresión, participación y derechos políticos, todos derechos consagrados en la CADH», apunta el informe.
De acuerdo con las organizaciones, «empresas y el Estado ecuatoriano han procesado penalmente a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que legítimamente protestaban por la defensa de sus derechos y de sus territorios».
Agregan que «de manera prioritaria, es necesario acabar con el prejuicio según el cual, la acción de defensa de derechos humanos es un crimen en sí mismo. Igualmente es urgente que la administración de justicia refuerce su independencia respecto a declaraciones estigmatizantes del gobierno y de las empresas», indican.
Los autores del documento solicitan al Estado reconocer la importancia de la libertad de expresión y la legitimidad de las acciones pacíficas de denuncia, oposición, seguimiento a proyectos extractivos o relacionados con el territorio.
Los organismos firmantes encuentran «preocupante» la supuesta «reducción del espacio para la acción de la sociedad civil ecuatoriana» y entre sus recomendaciones figura el que se dé «cumplimiento a las obligaciones estatales derivadas del derecho a la resistencia reconocido constitucionalmente».
Además, proponen diseñar mecanismos y adoptar medidas urgentes para garantizar la participación efectiva de las comunidades y organizaciones sociales en aquellas decisiones que afectan sus derechos y «prohibir y sancionar efectivamente el uso desproporcionado de la fuerza en el ámbito de las manifestaciones sociales».
De igual manera, recomiendan a las empresas que se abstengan «de intervenir en áreas habitadas por pueblos indígenas sin que estos hayan expresado su consentimiento previo, libre e informado del proyecto en cuestión».
Diana Murcia, representante de la FIDH, expresó su esperanza de que el informe sea «un insumo para continuar la reflexión alrededor de la situación de satisfacción de derechos humanos en el país». EFE [I]