El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. En la discusión se destacó la necesidad de actualizar esta norma a la Constitución de la República para garantizar derechos. Los datos del Documento Nacional de Identificación (DNI), las modificaciones en el registro personal único, la unión de hecho, los reconocimientos de hijo o hija, la adopción y los apellidos fueron los temas que mayor atención generaron.
Alexandra Ocles, Fausto Terán, Ricardo Zambrano y Liliana Guzmán coincidieron en que esta nueva legislación permitirá una progresividad de derechos. La vigente ley caduca no es aplicable en la actualidad y esta nueva institucionalidad, que reemplaza al Registro Civil por el Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, es más profunda y moderna. Sustituye a una entidad que tiene más de 115 años, expuso Liliana Guzmán.
Mientras tanto, Zambrano destacó que la ley que tiene más de 40 años, no ha cambiado de fondo a pesar de que se han aprobado, en ese transcurso, tres Constituciones y que eso evidencia la necesidad urgente de actualizarla. Alexandra Ocles, en cambio, afirmó que esta nueva propuesta avanza hacia una real garantía de los derechos de los ciudadanos, bajo el principio de igualdad y Terán recordó que se han hecho reformas parciales a la ley del Registro Civil, que rige desde 1976, las mismas que no cumplen el objetivo de la Constitución actual.
Sobre el tema del género o sexo como dato en el DNI, Carlos Velasco afirmó que estos dos elementos hay que conceptualizarlos. Sexo es una definición biológica y genética que se lo informa en el momento del nacimiento, mientras que género tiene que ver con una construcción social, incluso cultural que nos lleva a cumplir diferentes roles, dijo. Son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico, expresó, de su lado, Diego Vintimilla.
«Es importante situar esta discusión, más allá de los dogmas o creencias religiosas o cualquier afán ideológico de discriminar al otro. No existe argumento político, jurídico o científico para imponer condiciones sobre cómo debe desarrollar la vida una persona. Lo que existe aquí es la necesidad de reconocer el principio de igualdad. Es una discusión de a qué orilla nos vamos a ubicar respecto de la defensa de los derechos humanos», añadió el representante de Azuay.
Así mismo, María Soledad Vela manifestó que establecer unas cédulas con sexo y otras con género es una discriminación. Los tratos diferenciados tienen que fundamentarse solo en razones de equidad y aquí no hay una condición de esta, sostuvo.
El asambleísta Mauro Andino se refirió, entre otros, al artículo 44 sobre la inscripción y registro de adopciones. Explicó que la norma prohíbe la adopción por parte de personas solas, lo que se contradice con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que determina que podrán ser adoptados por personas que cumplan ciertos requisitos. Los otros temas que cuestionó fueron sobre la administración de la sociedad conyugal y la disolución del vínculo matrimonial. Es innecesario considerarlo porque existe una vía judicial y notarial para este trámite, indicó.
Según el proyecto de Ley los padres, de mutuo acuerdo, pueden escoger qué apellido puede llevar el hijo o hija. Esto ya se aplica en otros países y no por eso los infantes dejan de ser hijos, acotó Alexandra Ocles.
Sobre este mismo tema, Fausto Terán consideró que el orden del apellido, que se lo elige de mutuo acuerdo, debe ser alternativo y no imperativo.
La asambleísta Liliana Guzmán propuso que se incluya un nuevo artículo después del 27 para que al recién nacido se le asigne un número de identificación y que se eliminen los artículos desde el 95 hasta el 98 porque violan derechos humanos. Estos se refieren a la distinción de tres formas de documentos de identificación: para ecuatorianos, extranjeros y menores de edad. En cambio, Verónica Rodríguez sugirió que en el chip de seguridad del documento se incluya información sobre aspectos de la salud personal.
En cambio, René Yadún pidió que esta ley otorgue una atribución a la Dirección Nacional de Gestión para que pueda hacer un control y registro de quienes entran y salen del país. Conozco de cerca que por el puente de Rumichacha entran diariamente unos 500 ciudadanos colombianos diarios, pero no se sabe cuántos y cuándo regresan, sostuvo.
Sobre el cambio de apellido por posesión notoria, que podrán hacerlo por una sola vez, previa comprobación notoria e ininterrumpida de tal o tales apellidos por más de 10 años consecutivos, según el artículo 81 del proyecto, el asambleísta Ramiro Aguilar planteó que se incorpore una disposición general que diga que en el acto de inscripción de la unión de hecho, la madre autorice que su hija o hijo pueda utilizar el apellido de su pareja, a efecto de permitir el inicio de la posesión notoria. (I)