El prefecto Jimmy Jairala ratificó su postura sobre la pretendida reforma planteada por el Consorcio de Gobiernos Provinciales Rurales (Conagopare) para la elección de prefectos reforma la Constitución y el Código de la Democracia, al igual que afecta derechos constitucionales y las rentas.
«Sí habría una afectación a los derechos de los ciudadanos, por eso hay que analizar la parte constitucional», explicó Jairala, quien puso como ejemplo de esa eventual afectación las obras que se ejecutan en Guayas: «Estamos a punto de firmar un convenio con Playas para hacer el nuevo malecón… Si solo pudiésemos atender la vialidad rural con la intervención de las juntas parroquiales, no podría el Prefecto invertir en el nuevo Malecón de Playas».
El planteamiento de la Conagopare es que a los prefectos se los elija solo con el voto de las zonas rurales. En el caso de Guayas, la estimación del INEC es que para 2015 tenga 4 millones de habitantes y si se excluye a la población de Guayaquil (es principalmente urbana), el número se reduce a 1,5 millones; además, la población de juntas parroquias rurales bordea las 500.000 personas.
Por ello, Jairala recalcó que, de aprobarse el planteamiento, eso se verá traducido también en una reducción de las rentas y de obras, porque ambos aspectos están en directa relación con la superficie y la población. Incluso, previó que las asignaciones del Gobierno Central. «Si hoy recibe la provincia del Guayas 14 millones de dólares, pasaría a recibir cuatro millones de dólares. ¿Cómo el próximo prefecto podría atender más de 5.000 kilómetros de caminos vecinales y de segundo orden? Es realmente imposible».
Ese aspecto causaría un efecto en cadena porque también reduciría la capacidad de endeudamiento de las prefecturas y, por consiguiente, la posibilidad de hacer grandes obras. El jueves pasado se inauguró la carretera Isidro Ayora-Corozal-Ciénega Redonda-Zamora-Casa de Tejas-Las Cañas, de 19 kilómetros, que fue reconstruida con una inversión de USD 11 millones. «No la podría hacer el Prefecto porque la cantidad de endeudamiento al bajar las rentas de la provincia del Guayas, no le permitiría tener acceso a créditos grandes del Banco del Estado».
La reforma, advirtió Jairala, también implica una reforma constitucional porque cambiaría la conformación del pleno de los consejos provinciales. «Es una forma de debilitar a las prefecturas, prácticamente reducirla a una tenencia política. Pero cuidado el remedio –si esto se llegara a dar- es peor que la enfermedad y se convierte en un búmeran».
Jairala analiza el funcionamiento y competencias de las prefecturas. Señala que la de construcción y mantenimiento del sistema vial es exclusiva para el área rural. Pero todas las demás (planificación, ordenamiento territorial, obras en cuencas y microcuencas, entre otras) «se deben cumplir para todos los habitantes, urbanos y rurales».
«La propuesta de establecer que las y los prefectos provinciales sean electos exclusivamente por la ciudadanía que reside en las zonas rurales de cada uno de los cantones que conforman la provincia… implicaría una violación a los derechos constitucionales de igualdad y participación, constituiría una restricción del derecho al voto popular de quienes habitan en las zonas urbanas, afectaría la planificación integral para el desarrollo provincial, disminuiría los ingresos económicos de las prefecturas, limitaría la aplicación de los principios de subsidiaridad, solidaridad y equidad para entrega de las rentas, y ya no tendría por qué estar la sede del Consejo Provincial en la capital provincial, que siempre es zona urbana», reflexionó. (I)