Legisladores del movimiento CREO han denunciado hoy que las reformas a la Ley de Declaraciones Patrimoniales, cuyo segundo debate empezó hoy en la Asamblea Nacional, plantean que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos adquieran el carácter de reservadas.
El proyecto, que también plantea que las declaraciones patrimoniales puedan realizarse de manera electrónica y no ante notario público, es impulsado por Fabián Solano, asambleísta del Partido Socialista Ecuatoriano y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. El debate ha sido suspendido por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira para su posterior convocatoria.
Patricio Donoso, asambleísta de CREO, manifestó su preocupación sobre los artículos 16 y 18, que impiden el acceso al contenido de las declaraciones y afirmó que “el servidor público debe rendir cuentas ante la sociedad”. Previo al primer debate, la asambleísta nacional, Mae Montaño, presentó un informe de minoría con sus observaciones. En este se refería principalmente a las consecuencias de que al no presentar la declaración juramentada se pueda presumir el cometimiento de un delito.
En su artículo 18 el proyecto dispone que el contenido de las declaraciones patrimoniales que realizan los servidores públicos sea reservado. La Contraloría General del Estado es la entidad que custodia esta información y solo podrá otorgar copia a la Fiscalía, al propio otorgante o a quienes éste expresamente autorice. En la Ley vigente no existe tal disposición, razón por la cual cualquier persona puede acudir a la Notaría donde el funcionario haya otorgado su declaración juramentada y solicitar una copia. La reforma, según CREO, podría reducir sustancialmente el acceso a información de los ciudadanos y de los medios de comunicación.
El Observatorio Legislativo (OL) recomendó archivar la reforma. El OL es una iniciativa ciudadana con el objetivo de transparentar los actos de la Asamblea Nacional y sus integrantes. La institución mediante un comunicado, afirmó que la reforma tendría efectos negativos en cuanto a la transparencia, fiscalización y acceso a la información pública, y por consiguiente limitando el derecho constitucional de fiscalizar los actos del poder público. (i)