El expresidente Otto Pérez Molina y su número dos, Roxana Baldetti, en prisión por supuesta corrupción, lideraron desde 2008 un «emporio criminal» de lavado de dinero que les permitió llegar al poder y desde ahí cooptar el funcionamiento del Estado de Guatemala, informó hoy la CICIG.
«Se apropiaron de las instituciones del Estado», denunció hoy el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, después de que la mañana del pasado jueves fueran detenidas 25 personas, entre ellas un funcionario, un exministro y un exdiputado, que han sido ya enviados a prisión preventiva.
La red criminal, en la que están involucradas grandes empresas, incluidos medios de comunicación y constructoras, financió de manera ilegal al Partido Patriota (PP) liderado por Pérez Molina para su llegada al poder en 2012.
Así, eludiendo los controles del Tribunal Supremo Electoral (TSE), empresas del magnate mexicano de los medios de comunicación Ángel González, como Canal 3 y Canal 7, pagaron entre 2008 y 2011 más de 17 millones de quetzales (2,2 millones de dólares) que se destinaron a la compra de vehículos para propaganda del PP.
Como contraprestación, tras su llegada al Gobierno en 2012, el Ejecutivo de Pérez Molina otorgó contratos de publicidad a estas empresas por valor de más de 240 millones de quetzales (26,2 millones de dólares), de acuerdo con la investigación.
El señor Ángel González es dueño en Ecuador del Canal Telesistema, y a fines de 2014 adquirió también el diario El Comercio, al cual se le han adjudicado dos frecuencias de televisión.
Este esquema de financiación ilegal y recompensas se repitió, según la investigación del Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la CICIG, en decenas de casos, yendo el dinero en muchos casos a parar a los patrimonios de Pérez Molina y Baldetti.
Participaron de esta red criminal medios de comunicación, grandes constructoras y personas particulares, que se ocultaban bajo el entramado de empresas creado por el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien ahora es colaborador eficaz de la Fiscalía.
La hermana del artífice de la red de corrupción, Irma Rebela Monzón, se desempeñó como Embajadora de Guatemala en Ecuador durante el gobierno de Pérez Molina, hasta que su hermano se dio a la fuga, en abril de 2015.
Una vez asumido el cargo, el exbinomio presidencial otorgó contratos ventajosos a estas empresas, así como a otras a las que exigió comisiones que alcanzaron al menos 500 millones de quetzales (65,5 millones de dólares).
La investigación ha podido determinar al menos 450 contratos otorgados de esta forma ilegal, entre ellos uno para el seguro del aeropuerto de La Aurora, valorado en 36 millones de quetzales (4,7 millones de dólares), cuya comisión supuestamente utilizó Pérez Molina para la compra de un edificio.
En otro contrato para el Registro de Control Migratorio, Pérez Molina percibió como comisión 7 millones de dólares.
«El Estado se convirtió en un negocio», lamentó Velásquez durante su intervención junto a la Fiscal General, Thelma Aldana, para presentar el nuevo caso de corrupción en Guatemala.
Para aprovecharse del dinero recaudado, la red creó a su vez un entramado de empresas opacas para lavar el dinero, una operación en la que debieron contar con la connivencia de algunos bancos, apunto el jefe de la CICIG.
Por estos hechos fueron capturados el jueves 25 personas, entre ellas el exministro de Agricultura del gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y actual dirigente cooperativista Edín Barrientos, señalado por lavado de dinero u otros activos, así como el exdiputado Marvín Díaz, del Partido Patriota (PP), con el que gobernó Pérez Molina entre 2012 y 2015.
Además, se dictaron siete órdenes de detención internacionales y se pidió extender los cargos a otras seis personas, entre ellas Pérez Molina y Baldetti, ya en prisión por otros casos de corrupción.
A los exmandatarios ahora se les acusa de asociación y enriquecimiento ilícito.
Ambos están ya detenidos preventivamente por el caso de defraudación aduanera «La Línea», así como implicados en el fraude por la ampliación de la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal.
Tras conocer el caso, el presidente Morales, en la rueda de prensa, defendió la actuación de la Fiscalía y la CICIG, y aseguró que desde su llegada al Gobierno no se ha gastado ni un centavo en publicidad «ni ilegal ni legal».
Preguntado sobre el usufructo a los canales de televisión involucrados en este caso de corrupción, pidió tiempo hasta que se terminen las investigaciones aunque reiteró que se tomarán «las decisiones necesarias» para defender los intereses del Estado en favor del Estado». (I)
- Con textos de EFE