El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó hoy una apelación presentada por Ecuador y dictaminó que el país andino debe pagar a la petrolera estadounidense Chevron una indemnización de 96 millones de dólares porque su negocio está protegido por el tratado bilateral de inversiones de 1997.
«Revisión denegada», determinó hoy la máxima instancia judicial del país en una breve notificación, a la que accedió Efe y en la que mantiene en vigor la decisión que tomó en ese sentido la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, en agosto del año pasado.
Con su fallo, el Tribunal Supremo confirma el veredicto de un tribunal de arbitraje de La Haya (Holanda) que determinó que el tratado bilateral de inversiones, en vigor desde 1997, protege las inversiones que el gigante energético hizo en el país suramericano.
Cuando la Corte del Distrito de Columbia falló el verano pasado contra Ecuador, la Procuraduría General del Estado ecuatoriano (PGE) rechazó el fallo y no descartó acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que hoy rechazó su petición.
Debido a los intereses por el retraso en el pago de la indemnización, la cantidad actual que Ecuador debería pagar a Chevron es de 106 millones de dólares, dijo a Efe uno de los asesores de comunicaciones de Chevron, James Craig.
«La corporación Chevron está complacida con que el Tribunal Supremo de EE.UU. haya rechazado la petición de la República y que Ecuador tenga que rendir cuentas», añadió Craig.
Este es solo el último capítulo de uno de los mayores litigios medioambientales de la historia, que ya dura más de 20 años y en cuyo centro se encuentran los daños ambientales y sociales supuestamente ocasionados a la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron.
La demanda sobre la que se pronunció hoy el Tribunal Supremo de EE.UU. se refiere a otra vertiente del litigio, centrada en el tratado de inversiones entre Washington y Quito.
El litigio actual empezó cuando, entre 1991 y 1993, Texaco, luego adquirida por Chevron, presentó siete demandas contra Ecuador por supuestas violaciones de un acuerdo conjunto para la exploración de petróleo, sobre las que la Justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia.
Mientras tanto, Ecuador y Estados Unidos firmaron en 1993 un tratado bilateral de inversiones, que entró en vigor en 1997, y que, en 2006, Chevron invocó al presentar una demanda contra el Estado de Ecuador ante el tribunal de La Haya y en la que pedía una respuesta a las siete demandas sin resolver.
Bajo este tratado, Ecuador ofreció a los inversores de EE.UU. la oportunidad de intervenir en los litigios en los que se vieran involucrados, siempre que los conflictos se dieran posteriormente a la entrada en vigor del tratado en 1997.
Por ello, durante todo el proceso, Ecuador ha argumentado que no debe pagar una indemnización a Chevron, tal y como pide la empresa, porque la relación entre las dos partes terminó en 1995, dos años antes de que entrara en vigor el tratado.
Sin embargo, el tribunal de arbitraje de La Haya rechazó estos argumentos y dictaminó que Ecuador debía indemnizar a Chevron con 96 millones de dólares.
En respuesta, Ecuador recurrió la sentencia en las cortes holandesas y recibió el rechazo de todas las altas instancias judiciales del país, incluida la Corte del Distrito de La Haya, la Corte de Apelaciones de esta ciudad y el Tribunal Supremo holandés.
Entonces, en 2012, Ecuador decidió presentar un recurso contra la sentencia por la que debía pagar 96 millones de dólares a la petrolera ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, que en agosto de 2015 revisó la decisión del tribunal de arbitraje y falló a favor de Chevron.
De esta forma, Ecuador se dirigió al Tribunal Supremo de EE.UU., insistió en que el tratado de inversiones contiene una «provisión no retroactiva», no puede aplicarse a casos anteriores a 1997 y, por tanto, Ecuador no debe pagar a Chevron, cuyos argumentos califica en documentos judiciales como «un truco de magia».
El estado de Bolivia acudió en ayuda de Ecuador y presentó ante la máxima corte un escrito para expresar su apoyo.
«De lo que se trata es del ejercicio de un estado de su autoridad soberana dentro de su propio territorio. La esencia misma de la acción del Estado está en cuestión», argumentó la representación legal de Bolivia en su documento, presentado en marzo.
De esta forma, el Gobierno de Bolivia trajo a colación una de las vertientes más importantes del caso: hasta qué punto y bajo qué circunstancias las cortes de Estados Unidos pueden juzgar a Estados soberanos en territorio estadounidense y sin su consentimiento.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos para hacer pagar a Ecuador 96 millones dólares es definitiva, pero podría volver a ser estudiada por la corte si el Estado vuelve a traer el caso bajo otros términos. EFE (I)