El Gobierno de Ecuador anunció hoy que espera un pronunciamiento de la petrolera Chevron, sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. que, en un litigio comercial, obligó al país andino a pagar 96 millones de dólares.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en un diálogo con corresponsales extranjeros, dijo que esperará la respuesta de la petrolera para analizar qué hará, pues la justicia ecuatoriana mantiene una orden de embargo contra Chevron en otro proceso por daño ambiental.
«Hay que ver primero si nos cobran, hay que ver si tienen cara para cobrarnos después de haberle hecho tanto daño al país», sostuvo Correa, que cuestionó la decisión del Supremo de Estados Unidos, de no admitir un recurso de revisión.
El caso, conocido como «Chevron II», se refiere a una demanda interpuesta ante tribunales arbitrales por la petrolera contra el Estado suramericano, por denegación de justicia en unos procesos añejos presentados en el periodo en que la compañía operó en la Amazonía ecuatoriana, entre 1964 y 1990.
Correa ironizó: «Ese es el mundo» actual, ya que «con todos los abogados que tiene Chevron, sus causas salen rápidas a su favor y lo otro (otros casos contra la compañía) lo bloquean por todos los medios».
Se refirió a una condena a la que fue sometida la petrolera por parte de la justicia ecuatoriana, que le sentenció a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales en la Amazonía, en un juicio privado presentado por colonos e indígenas de esa zona.
La petrolera se niega a cumplir la condena de la justicia ecuatoriana, al considerar que ese juicio obedece a una supuesta trama de complot en su contra.
Chevron «tienen toda una campaña contra el país, contra los amazónicos, solo por no someternos a ellos», aseguró el mandatario al recordar que son tres los litigios que la petrolera ha presentado contra Ecuador en cortes internacionales de arbitraje.
Correa precisó que el «Chevron II» es un proceso por «denegación de justicia» que los tribunales estadounidenses han fallado en favor de la petrolera, ya que en el pasado, las cortes del país no resolvieron juicios planteados por la compañía.
Los tribunales estadounidenses favorecieron a la compañía con base en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Ecuador y EE.UU., que entró en vigor en 1997, pese a que la relación de la petrolera con el Estado andino terminó dos años antes.
El fallo en contra de Ecuador «es fruto de los TBI. Esto le hizo un enorme daño al país porque todo está en función del capital», agregó Correa.
Apuntó que, para él, los tribunales internacionales de arbitraje actúan de forma sesgada en función de los intereses de las corporaciones.
Ecuador ya rechazó el pasado lunes la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a admitir un pedido de revisión del fallo contra el país andino.
El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, advirtió de que la decisión del Supremo de EE.UU. mantiene un error de interpretación, al no considerar que el TBI entre Ecuador y EE.UU. entró en vigor dos años después de que Chevron se retirara del país.
Además, la Procuraduría recordó que el monto del fallo está sujeto a una orden de embargo dictada por la Corte de la provincia Amazónica de Sucumbíos, en favor de colonos e indígenas de esa región, que ganaron una multimillonaria demanda a la petrolera por daños ambientales causados en la selva.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos para hacer pagar a Ecuador 96 millones dólares es definitiva, pero podría volver a ser estudiada por la corte si el Estado vuelve a presentar el caso bajo otros términos. EFE (I)