El canciller de Ecuador, Guillaume Long, pidió hoy una reforma «integral» del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que la Comisión (CIDH) deje de ser una «agencia que se dedica a la política» y se traslade de Washington a un país que haya firmado la Convención Americana.
«La Corte (CorteIDH, con sede en Costa Rica) debe ser el centro del sistema y puede haber una Comisión, por supuesto, que juegue un rol de tramitar, de ser puerta de entrada de demandas de derechos humanos, pero no puede ser una suerte de agencia que se dedica a la política y a poco más», dijo Long en una entrevista con Efe en Santo Domingo.
El canciller ecuatoriano encabeza la delegación de su país en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluye hoy en la capital dominicana.
La CIDH y CorteIDH son los pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y arrastran una infradotación histórica que en el caso de la Comisión ha llegado al abismo económico en el momento actual.
«Desde el Ecuador venimos alertando desde hace varios años, es casi una política de Estado nuestra, de que el Sistema no está funcionando bien, hay una financiación, sobre todo a la CIDH que es muy ‘ad hoc’, muy voluntario, y cuando es voluntario puede haber un año sí y otro no, no genera estabilidad, no permite planificar», afirmó el canciller.
«Desde Ecuador alertamos de que iba a haber una crisis de financiación, no nos alegramos para nada, creemos que es muy grave y muy triste porque no se juega con los derechos humanos, pero la venimos alertando y en ese sentido creemos que es importante que se haga la reforma institucional en este momento, ya», agregó.
Junto a la crisis en Venezuela, el otro tema en el punto de mira en la Asamblea de Santo Domingo es la CIDH, que vive la peor crisis financiera de su historia y tendrá que despedir al 40 % de su personal (30 personas) en julio y suspender labores clave si no recibe inmediatamente al menos uno de los dos millones de dólares que le faltan este año para cumplir mínimamente con sus funciones.
Preguntado por si Ecuador aportará fondos a la CIDH en los próximos días para superar esta crisis, Long dijo que su país está en contra de las contribuciones voluntarias tanto a la Comisión como a la Corte porque provocan inestabilidad y generan «direccionamientos políticos» de los donantes.
«Estamos en contra de las contribuciones voluntarias, estamos en esta crisis porque no ha habido seriedad en el manejo de los recursos. (…) Si el presupuesto cambia de un día para otro según aportes, claro que va a generar problemas de estabilidad. (…) Además de que cuando es voluntario suele ser direccionado y eso genera una politización de algo tan delicado como los derechos», manifestó.
«Hemos tenido que hacer aportes voluntarios a la Corte porque ha habido una situación de emergencia, pero eso no significa que nosotros pensemos que eso es una forma adecuada o sostenible de funcionamiento», agregó el canciller, cuyo país dio en los últimos años una donación de un millón de dólares a la CorteIDH.
Ecuador quiere que la CorteIDH, como órgano judicial, sea «el centro del Sistema» y que la Comisión deje de ejercer varias de sus funciones clave, como dictar medidas cautelares de protección cuando corre peligro la vida o la integridad física de una persona.
«Debe dejar de hacer medidas cautelares, claramente no son competencia de la CIDH y una serie de cosas que extralimitan sus competencias (…). Y no tener financiación inflada en algunas relatorías para hacer política y propaganda», consideró.
«No quiero referirme a ninguna en concreto, pero por ejemplo una de ellas es la Relatoría de Libertad de Expresión (financiada en gran medida por aportes voluntarios de países europeos), que con bastante direccionamiento político denuncia a algunos países con bastante mano política», añadió.
Ecuador es uno de los países más señalados por esa Relatoría, además de por otras organizaciones de derechos humanos como Freedom House, al considerar que falta libertad de expresión y libertad de prensa en el país andino.
El Gobierno de Ecuador también discrepa con que la Comisión «tenga una financiación mayor que la Corte», con 4,9 millones para la CIDH y 2,6 para la CorteIDH, el 6 % y el 3 % del presupuesto de la OEA, respectivamente, aunque ambas sobreviven gracias a las aportaciones voluntarias que recaban entre países de dentro y fuera del sistema y varias entidades.
Otra de las batallas que Ecuador libra sin éxito desde hace años, junto a sus aliados del bloque de la Alianza Bolivaria (ALBA), es que la OEA apruebe el cambio de sede de la CIDH con el argumento de que es incongruente que tenga sus instalaciones en EE.UU., país que no ha suscrito la Convención Americana o Pacto de San José, principal instrumento sobre los derechos humanos en el continente.
La vicepresidenta panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado, reiteró ayer en la primera sesión de la Asamblea la «disposición» de su país para ser sede para la Comisión.
«No hemos discutido esa propuesta, pero estaríamos de acuerdo con que cualquier país del Pacto de San José pueda ser candidato para ser sede de la CIDH, nos alegramos (de) que haya varios países que piensan en esto y que se ofrecen», concluyó el canciller ecuatoriano. EFE (I)