Quito.- La madrugada del pasado 13 de julio, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha negó el habeas corpus presentado por abogados de Derechos Humanos para poner en libertad inmediata a los 46 ciudadanos cubanos que permanecían en el Hotel Carrión (la cárcel de los migrantes). Sólo se liberó a una persona.
Ese mismo miércoles, cerce del medio día, fueron trasladados al aeropuerto de Latacunga y deportados los 45 cubanos que quedaban en Ecuador. 75 ya habían sido deportados el 8 y el 11 de julio, en procesos cuya legalidad ha sido cuestionada por varios defensores de Derechos Humanos.
De hecho, 81 cubanos fueron deportados pese a que sentencias judiciales habían ordenado su libertad. En los acuerdos ministeriales firmados por el viceministro Diego Fuentes, en los que se ordenaba la deportación deseas personas, se ordena en el punto 4 oficiar al Consejo de la Judicatura los nombres de los jueces que ordenaron las libertades para revisar su conducta.
Ante estos hechos, surgen las siguientes preguntas: ¿fueron legales las deportaciones? ¿El Ministerio del Interior respetó la unidad jurisdiccional y la independencia judicial? ¿Hay división de poderes? ¿Por qué se negó el habeas corpus? ¿Se llevará el caso a instancias internacionales?
Para responder estas preguntas, acudió a #LaTertulia el Dr. Juan Pablo Albán, jefe del equipo de abogados defensores de los cubanos, y Cristina Burneo, activista por los Derechos Humanos y catedrática universitaria. Ellos han analizado la situación del sujeto migrante en el Ecuador, a las luces de este caso que se volvió emblemático. (I)
Aquí la entrevista completa:
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