El Gobierno de Ecuador ha iniciado el proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores, UNE, el mayor sindicato de profesores del país, luego de que la presidenta de esta entidad Rosana Palacios, participó de las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado mes de junio, según ha reportado el portal de Fundamedios. En aquellas instancias la UNE presentó información sobre violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación en los últimos años.
La decisión ha sido informada mediante un oficio firmado por Fernando Alberto Yánez Balarezo, subsecretario del Ministerio de Educación para el Distrito Metropolitano de Quito, en el cual se comunica a la UNE que se ha iniciado su proceso de disolución controvertida, de oficio o por denuncia, según el artículo 24 del Decreto 739 (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales) por haber incurrido en la causal de disolución 7, del artículo 22: “Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”.
El documento no especifica cuál es el incumplimiento del que se le acusa y cuya consecuencia sería la disolución de la entidad que tiene personería jurídica desde el 19 de abril de 1950. Pero se otorga a la UNE un término de 20 días para presentar pruebas de descargo.
Cerca de 50 organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas presentaron 12 informes alternativos documentando violaciones a derechos fundamentales en Ecuador durante el período del Gobierno actual y 13 representantes de la sociedad civil lo defendieron durante el Examen sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en la sede del Comité de DDHH de la ONU. La Presidenta de la ONU integraba la delegación.