Un debate tenso entre el oficialismo y la oposición en el Parlamento de Ecuador terminó por dar un golpe de timón en la legislación de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía, con el objetivo de cerrar la añeja brecha social en las instituciones del orden.
La Asamblea Nacional (Parlamento), dominada por el oficialismo, aprobó este jueves, con el voto de 85 legisladores, de 120 presentes en el debate final del pleno, el proyecto de Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía, una reforma que levantó polémica en el país.
Legisladores del oficialismo y de la oposición chocaron verbalmente para defender sus posiciones durante el segundo y definitivo debate de la reforma, que deberá ir al Ejecutivo para que el presidente de la República, Rafael Correa, impulsor de la normativa, la apruebe o la vete.
La tensión del debate sólo reflejó episodios de apremio y protestas de opositores, especialmente un grupo de militares en situación de retiro, que decían temer que la nueva normativa terminara por hacer desaparecer a los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
Sin embargo, el oficialismo ha defendido las reformas bajo el criterio de grandes diferencias en los beneficios que reciben los oficiales de alto rango con los que percibe la tropa.
El propio Correa, en agosto pasado, puso como ejemplo el hecho de que un general se jubila con unos 5.000 dólares mensuales, monto que se compone con un aporte del 60 % por parte del Estado y supone ocho veces más que el sueldo de un militar de tropa, mientras que el salario mínimo para el resto de la población es de 366 dólares.
La Asamblea informó que, por ello, la reforma busca reducir las desigualdades en el régimen de pensiones entre la superioridad y la tropa y señaló que, además, incrementa el monto de las jubilaciones en la misma proporción que la inflación anual.
También iguala el seguro de vida tanto para la tropa como para los oficiales militares y, en el caso de la Policía, lo duplica de 24.000 a 50.000 dólares.
El proyecto legal establece que el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) esté integrado por delegados del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto, de los Comandantes Generales de Fuerza, dos representantes por la tropa y uno por los oficiales en situación de retiro.
Esa conformación es similar al directorio del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), que asimismo estará presidido por el ministro del Interior o su delegado, que tendrá voto dirimente en el organismo administrativo.
La legisladora oficialista María Augusta Calle aseguró que con la reforma se mejorará la seguridad social militar y policial, pero remarcó que también busca que el sistema «sea de todos y no de una cúpula», solamente.
El opositor Ramiro Aguilar, por contra, expresó su preocupación por la reducción del aporte que se fija a los soldados y policías para sus respectivos institutos de seguridad social, que irá del 23 por ciento actual al 11,45 por ciento cuando la ley entre en vigor.
Aunque esa disposición podría suponer que en el corto plazo el policía piense que su salario sufrirá un menor recorte, el problema vendrá después, al recibir los beneficios de las prestaciones, advirtió Aguilar.
La reforma legal aún debe ser aprobada o vetada por Correa, quien la impulsó, pero que también recibió duras críticas en los últimos meses, incluso por parte de algunos oficiales en activo que le pidieron que «no mienta» al país y que deje en paz a las instituciones castrenses.
El mandatario consideró a esas expresiones como ofensivas y recordó que los soldados en Ecuador «no son deliberantes», por lo que denunció a esos oficiales ante los consejos de disciplina militar.
En lugar de solucionar la controversia, la demanda de Correa derivó en otro episodio de tensión, cuando un Consejo de Disciplina evitó sancionar a los soldados que supuestamente lo ofendieron, bajo el argumento de que el mandatario no era militar ni un superior jerárquico.
La Justicia aclaró que el Presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y, entonces, el oficial demandado fue sancionado con arresto. EFE (I)