Los presos ecuatorianos abrieron hoy, en una jornada anticipada de votaciones, el proceso de comicios que concluirá el domingo con la elección del próximo presidente y de los legisladores del país.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó hoy que los reclusos con derecho a voto fueron 10.230, de ellos 9.514 hombres y 716 mujeres, y agregó que la actividad electoral se llevó a cabo en 20 de las 24 provincias ecuatorianas.
Un total de 71 juntas receptoras de voto (mesas electorales) fueron instaladas para acoger los sufragios, 16 de ellas en establecimientos de mujeres y 55 en centros de varones, todos ellos sin sentencia ejecutada.
Las juntas de recepción de votos de los centros de rehabilitación solo reciben la votación y, una vez finalizada, el material se embala y la Policía lo envía a la junta provincial correspondiente, donde se efectuará el escrutinio el 19 de febrero, al igual que en el resto del país, indicó en un comunicado el CNE.
Todas las mesas de votación se instalaron a tiempo, conformadas por dos personas privadas de libertad y un funcionario electoral, quienes se encargaron de armar la urna biombo y recibir la votación.
La votación fue observada en diferentes centros por miembros de las misiones internacionales destacadas en Ecuador por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), además de delegados de las organizaciones políticas.
El proceso anticipado de votaciones continuará este viernes con el «voto en casa», una iniciativa que facilita el sufragio en su domicilio a las personas con una discapacidad igual o mayor al 75 %, un colectivo formado por 883 votantes en todo el país.
Unos 12,8 millones de ecuatorianos están convocados para elegir el domingo en las urnas al presidente que sustituirá en el cargo a Rafael Correa, a los 137 legisladores de la Asamblea Nacional y a cinco representantes al Parlamento Andino.
También se pronunciarán con su voto sobre una consulta popular impulsada por el Gobierno, que busca prohibir a los cargos de elección popular la posesión de bienes en paraísos fiscales. EFE