Wagner Bravo, delegado de los oficiales retirados en el directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), aseguró que la asamblea general de pensionistas en retiro negó la venta al Gobierno o al Estado de cualquier macrolote en el sector Samanes. “Mientras no se reconozca el contrato firmado el año 2010 y que la exministra del Ambiente (Marcela Aguiñaga) dice que fue error de buena fe por lo que se nos quiere descontar $ 41 millones, no se negociará”, informa Diario El Universo.
Estas declaraciones se dan luego de que el pasado lunes, en conversatorio con medios de comunicación, el presidente Rafael Correa advirtió al Issfa que si no se llega a un acuerdo para la compra de 164 hectáreas de terrenos, que se requerirían para la expansión del parque Samanes en el norte de Guayaquil, se los expropiará.
“Hemos pasado meses negociando entre comillas, no hay voluntad de vender, probablemente esperan que ya cambien al presidente y ver si con el otro presidente pueden mantener esos terrenos. (…) Si esta semana no se llega a un acuerdo, la próxima los expropiaré, se pagará 14 millones o lo que diga el avalúo”, señaló el mandatario.
Para Aland Molestina, excomandante de la Marina y almirante retirado, la figura de la expropiación se aplicaría si los terrenos son de interés público y en este caso no sería así. “La Constitución establece que el patrimonio de la Seguridad Social es impugnable, pero en la Ley Orgánica de Contratación Pública aprobada por la Asamblea se establece una figura para declarar un bien de utilidad pública contradiciendo la Constitución, pero en este caso no existe, no hay necesidad urgente para expropiación”.
Además, sostuvo que no habría un reglamento para el correcto evalúo de los catastros para tierras expropiadas. “La misma normativa de contratación pública tiene una disposición transitoria que establece que, dentro del plazo de noventa días, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda tendrá que expedir la metodología para el cálculo del avalúo catastral de los bienes inmuebles, el cálculo del justo precio en caso de expropiaciones y esto no se ha realizado por lo que no se puede fijar el precio de los macrolotes”, indicó.
Según Bravo, las negociaciones con el Gobierno las debe realizar el Consejo Directivo del Issfa, pero por problemas normativos no se ha podido instalar. “Esto es una inversión realizada por una institución, no es una persona natural, por lo tanto eso lo tiene que decidir el consejo, pero este no se puede reunir porque hay que incorporar un vocal de tropa en servicio pasivo al cual no hay cómo elegirlo porque no hay norma. Sin embargo, no sé cómo nos quieren comprar un terreno si nos deben $ 407 millones (pensiones, aportes y recuperación de cartera) y no hay indicios de que nos van a pagar”, expresó.
Pero el mandatario afirmó que la ley lo respalda y pidió a la ciudadanía estar atenta a cualquier acto que busque desestabilizar al régimen. “Yo puedo expropiar, pero con argucias se puede revertir, entonces a tener presión y control social para que esos terrenos queden para el parque”, sostuvo. (I)