La fiscal Claudia Romero acusó a Mauro Terán por el delito tipificado en el artículo 298, numeral 15, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En la audiencia dirigida este martes 2 de mayor del 2017 por la jueza María Elena Lara, en el Complejo Judicial, la fiscal señaló que el procesado habría incurrido en «defraudación tributaria por omisión de ingresos».
El artículo 298 del COIP establece una sanción de 5 a 7 años de cárcel a quien «omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos». La establece que «cuando los impuestos defraudados superen los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos».
De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, Terán habría movido alrededor de USD 6,4 millones en los últimos seis años, a pesar de no registrar actividades económicas ni relación de dependencia, además de no haber efectuado el pago del impuesto a la renta durante el mismo lapso de tiempo.
Según la fiscal Romero, en el 2014 se registraron en las cuentas de Terán ingresos por el monto de USD 2 702 765 y en el 2015 por USD 3 046 812, valores que no corresponderían a la venta de lotes en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, que es lo que ha alegado su defensa, durante todo el proceso. «La venta de los inmuebles en 2014 daba un valor de USD 900 000, no el valor que registran las cuentas de Mauro Terán para ese año», recalca la Fiscal.
La defensa de Terán preparaba los argumentos para responder a la acusación de Fiscalía. Mauro Terán fue vinculado con el Municipio de Quito, como asesor estratégico en temas políticos y jurídicos del alcalde Mauricio Rodas. El sábado, el presidente Rafael Correa describió a Terán como el primer detenido en Ecuador por la corrupción de la compañía brasileña Odebrecht.