En los diez años de Gobierno, la Contraloría General del Estado ha aprobado 88 informes con indicios de responsabilidad penal en el área petrolera, por $ 232 millones, de acuerdo con un reporte de la institución, informa Diario El Universo.
Una vez que se determinaron los distintos tipos de responsabilidades, estos informes fueron remitidos a la Fiscalía, que es el organismo encargado de llevar adelante los procesos penales correspondientes.
Hasta la fecha han sido notificados por su vinculación a los distintos casos alrededor de 1.700 personas, entre servidores públicos y empleados privados. Los más conocidos son el del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, prófugo en Estados Unidos, y del exgerente de Petroecuador Álex Bravo.
En el ámbito civil y administrativo, la Contraloría detectó un perjuicio al Estado de más de $ 561 millones, monto que puede cambiar si las instituciones y funcionarios imputados presentan sus descargos.
Según el organismo, hubo dos campos destacados, en los que se detectaron irregularidades civiles administrativas y penales: la repotenciación y mantenimiento de la refinería de Esmeraldas, y los contratos de compraventa con China y Tailandia.
En el primer caso hubo 130 informes que contemplaron la revisión de 146 contratos. Entre las anomalías se registraron casos de sobreprecio, incrementos injustificados de presupuestos, inadecuada evaluación de ofertas, subcontratación de obras, multas no cobradas, falta de verificación de normas técnicas y presupuestos sin soportes técnicos ni económicos.
Entre el 2009 y el 2016, se aprobaron siete informes generales sobre los contratos de compraventa con China y Tailandia. Sin precisar el tipo de auditoría, la Contraloría –en su evaluación– sostiene que “se puede resaltar que las contrataciones no se sustentaron en informes técnicos o estudios de mercado. Tampoco se evidenció análisis económicos y financieros de Petrochina, ni se determinó la modalidad de compra venta de petróleo”.
Luego, agrega que no se aplicaron las políticas de comercialización internacional de crudo y derivados ni se documentaron los supuestos beneficios para Petroecuador.
El primer mandatario, Rafael Correa, ha destacado la gestión económica y petrolera de sus funcionarios y ha calificado como “una puñalada por la espalda” a los casos de corrupción del sector hidrocarburífero.
El nuevo fiscal general, Carlos Baca Mancheno, quien fue asesor del presidente Correa antes de ser posesionado como autoridad de control, recibió el despacho con los 88 informes que contienen indicios de responsabilidades penales en la gestión petrolera.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, para este año está previsto que se realicen 56 exámenes especiales a las operaciones petroleras. De estas auditorías, 20 ya están en ejecución. (I)