La Fiscalía General de Ecuador formuló cargos contra los implicados en un supuesto delito de tráfico de influencias en la Empresa Pública de Telecomunicaciones y Agua Potable (Etapa EP) de Cuenca, para la contratación de la construcción de la ampliación de la Planta Potabilizadora de Agua de Tixán.
En una audiencia sobre el caso, la Fiscalía consideró que cuenta con las pruebas suficientes para dictar orden de prisión preventiva contra uno de los posibles implicados, informa un comunicado difundido hoy por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
La medida se cumplirá durante los próximos 30 días en los que se realizarán las investigaciones de ley.
Santiago Vásquez, director General del Sercop, asegura en la nota de prensa que la institución rectora de la compra pública en el Ecuador ha presentado las pruebas pertinentes sobre el caso y que con ellas se ha podido advertir que una alta autoridad de Etapa EP «entregó a sus familiares directos, su sobrino y primo, contratos de participación directa y en consorcios».
El titular del Sercop recordó que estos actos «van en contra de la legalidad de la contratación pública», y con ello se han violado los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que prohíben la adjudicación de contratos a familiares.
De acuerdo con las investigaciones se determinó que, en Etapa EP, «la autoridad subrogaba su cargo para no aparecer como familiar directo de quienes iban a ser contratados», dijo Vásquez.
El alto funcionario destacó la activa participación ciudadana que ha permitido conocer de estas irregularidades.
«En el caso de Etapa son los proveedores honestos los que nos alertaron y presentaron la denuncia», indicó.
En su lucha contra la corrupción, el Sercop ha desarticulado tres bandas que ejecutaban actos de corrupción y 12 personas ya se encuentran en prisión por este tipo de delitos. EFE