La Procuraduría de Ecuador discrepó hoy con una decisión de la Corte de Apelaciones de La Haya que le negó al país andino una apelación en el caso conocido como Chevron III, al considerar que ese fallo perpetúa un error reconocido por la misma instancia arbitral.
Ecuador había apelado en mayo una decisión del Tribunal Arbitral de La Haya, que lleva el caso Chevron III, referente a un conflicto entre la petrolera y el país andino por un litigio medioambiental de hace más de 20 años, y le había pedido que se declarara incompetente para juzgarlo.
Señaló además que la Corte de Apelaciones rechazó la apelación ecuatoriana para intentar anular varios laudos emitidos por el Tribunal de primera instancia, que había decidido que sí tenía competencia para conocer el caso.
Ello pese a que el argumento de la demanda de Chevron se sustentaba en un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI-1995) entre Ecuador y Estados Unidos, que entró en vigor cinco años después de que la petrolera se había retirado del país.
Además, señala que la Corte de Apelaciones coincidió con Ecuador en que la Corte de primera instancia «se había equivocado en fundamentar su decisión en las alegaciones de fraude presentadas por Chevron«, aunque «consideró que las medidas provisionales adoptadas por el Tribunal no violaron el derecho público holandés ni los derechos de los demandantes» ecuatorianos.
«La defensa del Ecuador discrepa con las conclusiones de la Corte de Apelaciones, pues la misma permite que se perpetúen los errores cometidos por el Tribunal Arbitral en los laudos sobre jurisdicción y medidas provisionales«, añade el texto de la Procuraduría.
Por ello, señala que Ecuador «se encuentra analizando la decisión emitida por la Corte con el objeto de definir la pertinencia de la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de los Países Bajos».
El procurador Diego García, en el escrito, insistió en que «la Corte se ha equivocado al rechazar la apelación planteada por el Ecuador al no considerar hechos fundamentales como que el Tribunal Arbitral emitió prematuramente sus decisiones».
Tampoco, dijo García, consideró «que la prueba aportada por el Ecuador desmentía totalmente las aseveraciones de Chevron o que el Tribunal Arbitral emitió sus laudos pese que la supuesta inversión de Texaco terminó cinco años antes de que entrara en vigencia el TBI».
La compañía inició en septiembre de 2009 el proceso de arbitraje conocido como «Chevron III» con el objetivo de que Ecuador se haga responsable de la condena a la que la petrolera fue sometida en las cortes ecuatorianas, que incluye el pago de 9.500 millones de dólares como indemnización para reparar los graves daños ambientales y sociales que le imputan sus demandantes.
Para Chevron, la decisión de la Corte de Apelaciones de La Haya «confirma acertadamente que el tribunal posee jurisdicción para resolver la causa, y garantiza que Ecuador deberá afrontar su responsabilidad por las violaciones de sus obligaciones internacionales«. EFE
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