Correa y Patiño denuncian ante OEA «alteración del orden constitucional» en Ecuador

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El excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, y el exmandatario Rafael Correa, denunciaron hoy ante la OEA lo que consideran una «alteración del orden constitucional» en el proceso de convocatoria de la consulta popular por el presidente, Lenín Moreno.

En un escrito de 14 páginas dirigido al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denuncian «los hechos acontecidos en la República del Ecuador, desde el día 2 de octubre en adelante y hasta el presente», que califican de «alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en el país«.

El presidente ecuatoriano anunció el 2 de octubre una consulta popular que incluía siete preguntas, cinco de ellas reformas a la Constitución, después de haber pedido a la ciudadanía que hiciera llegar sus inquietudes y mantenido reuniones con organizaciones sociales, políticas y de otra índole.

En el documento al que tuvo acceso Efe, Patiño precisa cómo el presidente no esperó a que se cumplieran los plazos previstos para que el Tribunal Constitucional ecuatoriano avalara la consulta y referendo, convocados para el próximo 8 de febrero.

Argumenta que Moreno conocía que vencían el pasado 7 de diciembre y «de forma malintencionada por decreto ejecutivo transgreden la Constitución y convocan al ilegal referéndum y consulta».

Sugiere que el hecho de que medios de comunicación y redes sociales informaran de que una de las juezas que debía sustanciar la validación de las preguntas -previo paso a su aprobación-, expresara que algunas de ellas, en concreto las 2 y 3 podrían contravenir la Carta Magna, pudo derivar en la precipitación de los hechos que acontecieron.

El mandatario informó el 29 de noviembre pasado mediante dos decretos ejecutivos, el 229 y el 230, de la convocatoria al pueblo a la consulta popular, después de contar con el aval de la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez.

Los argumentos jurídicos para justificar la decisión fueron que al no manifestarse el Constitucional sobre el asunto la legislación contempla que se puede interpretar ese silencio como una aprobación de facto, además de citar un precedente similar del año 2011.

Ese mismo día, el Consejo Nacional Electoral, con una nueva directiva, Nubia Villacís, acepta de conformidad los decretos y anuncia que se inicia el período electoral.

El antiguo ministro de Exteriores, una de las caras visibles del ala correísta del movimiento gubernamental Alianza País, censura que tanto la forma en que se promovió la consulta, mediante decreto, así como el que el Constitucional no haya revisado a posteriori las preguntas, vulneran el reglamento establecido.

Y señala que el propio jefe del Ejecutivo conocía que la Corte había fijado el 5 de diciembre en análisis de la consulta en el Pleno.

Patiño apela al máximo órgano de la OEA a que analice la cuestión, convoque a su Consejo Permanente y active la Carta Democrática.

La consulta ha obtenido un amplio respaldo de la sociedad ecuatoriana, aunque cuenta con la fuerte oposición de los seguidores de Rafael Correa, quien la ha calificado de «golpe de estado» y mostrado su oposición a una de las preguntas que plantea derogar una enmienda constitucional para impedir la reelección indefinida.

Entre otras cuestiones abarca la lucha contra la corrupción, la derogación de la reelección indefinida, cuestiones medioambientales, minería o la no prescripción de los delitos sexuales contra menores.

Más de trece millones de electores facultados para participar en la consulta deberán pronunciarse después de una campaña electoral que se iniciará el 3 de enero y concluirá el 21 de febrero. EFE

(I)

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