El ministro de Finanzas ecuatoriano, Carlos De la Torre, señaló este miércoles que el juicio político en su contra, pedido por varios legisladores en la Asamblea Nacional el pasado 8 de enero, tiene un trasfondo político, y reafirmó que la operación financiera que ejecutó el Gobierno nacional fue “totalmente legal“.
“Habría que preguntarles ahora a los asambleístas cuál es el objetivo real de levantar un juicio político cuando no hay ilegalidad, es un proceso totalmente técnico que le evitó al país un endeudamiento que ese sí pudo haber sido observado por la Contraloría (General del Estado)”, dijo De la Torre a medios de comunicación desde la Plataforma Gubernamental Financiera de Quito.
Además, calificó de “totalmente legal“ el traslado financiero ejecutado el pasado mes de diciembre de unos 300 millones de dólares pertenecientes a una subcuenta económica, creada para la inversión en reconstrucción de las provincias de Esmeraldas y Manabí afectadas por el terremoto de 2016, a una cuenta única del Estado.
“Hay un concepto que debe entenderse que se denomina Manejo Integral de Liquidez, ¿qué quiere decir esto?. Que el Estado tiene sus recursos líquidos en varias cuentas, y a ese conjunto de cuentas se les llama en términos conceptuales ‘cuenta única’ a pesar de que no es única porque todas están interconectadas. Bajo esa lógica, el Estado ecuatoriano también tiene una subcuenta dentro de la cuenta única, que es la subcuenta para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto, pero es parte de toda la liquidez”, argumentó.
Expuso que cuando existe una eventual falta de liquidez en una de las cuentas financieras del Estado, se transfiere temporalmente un recurso a ésta para poder atender las necesidades que se cubren desde otras cuentas, y se reponen cuando esa liquidez vuelve a los niveles adecuados.
“Nos vimos como país en una situación en que para el cierre del año no llegaron desembolsos por la misma situación del mes de diciembre, porque es un mes de festejos a nivel mundial, entonces hubo transacciones que no se concretaron los últimos días de diciembre hasta porque los bancos corresponsales cerraron sus puertas. Entonces, sabíamos que esos recursos llegarían los primeros días de enero pero, nosotros teníamos ahí un problema de liquidez en la cuenta única mientras que en esa subcuenta teníamos unos 300 millones (de dólares) que no iban a ser ocupados en el corto plazo”, agregó.
La alternativa uno, explicó, era el buscar un financiamiento que se hubiera demorado en esas fechas, con los costos financieros que involucra.
“Yo le acabé de ahorrar al país 25 millones de dólares por no tener que contratar un crédito, se ocuparon esos recursos para atender las necesidades desde la caja fiscal, se pudieron pagar sueldos y salarios del sector público, de los GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados) de la misma Asamblea (Nacional) y los primeros días de enero, cuando se reactivaron esos pagos, se repuso la liquidez a esta subcuenta y de ninguna manera se afectó un solo pago a las provincias afectadas por el terremoto”, subrayó.
Este tipo de operaciones financieras están recogidas en los manuales internacionales del Fondo Monetario Internacional, dijo, así como también está reflejado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. “Es totalmente legal y está amparado en una Ley Orgánica, así que, no hay ninguna situación de ilegalidad”, añadió.
El titular ecuatoriano de Finanzas reiteró que dará las explicaciones que sean necesarias para aclarar la situación y apuntó que desea escuchar el argumento que tienen los legisladores para pedir un juicio político en su contra.
“No les gusta el manejo económico en el que está a la cabeza este Ministro de Economía, con la esperanza de cambiar al Ministro de Economía y redireccionar el manejo económico hacia otros objetivos, que no son los objetivos nacionales; vean quiénes son los que están proponiendo el juicio político”, acotó.
El pasado 8 de enero, 53 asambleístas de diferentes bancadas firmaron y entregaron una solicitud de juicio político contra De la Torre, argumentando el supuesto mal uso de los 300 millones de dólares que se tomaron de la cuenta destinada para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.
Ahora, la solicitud para el juicio político debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego pasar a la Comisión de Fiscalización que, en caso de dar paso a esta diligencia, establecerá un plazo de 15 días para que los aludidos presenten pruebas de cargo y descargo.
- Fuente Agencia Andes