Suspendida audiencia de medidas cautelares por caso de pasaportes a venezolanos

QUITO-ECUADOR (22/08/2018). Audiencia de solicitud de medidas Cautelares contra la exigencia de pasaporte como único documento valido para ingresar al territorio Nacional. FOTOS API.

El tribunal encargado de analizar las medidas cautelares solicitadas para frenar una decisión del Gobierno de exigir pasaporte a los venezolanos que quieren ingresar en el país, suspendió la audiencia prevista para hoy y la trasladó al próximo viernes.

Poco después de iniciar la audiencia, la jueza Judith Naranjo indicó que se reinstalará el próximo viernes a las 10.30 hora local (15.30 GMT) para garantizar un tiempo suficiente para presentar los alegados.

La Defensoría del Pueblo pidió en Twitter que no se suspenda la audiencia ni se la traslade al viernes al considerar que “se está vulnerando el derecho a la legítima defensa de personas venezolanas“.

La suspensión ocurrió horas después de que el viceministro del Interior, Diego Tipán, presentase en la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia un escrito sobre el cambio de fecha para hoy de la audiencia, cuando inicialmente estaba prevista para el viernes venidero.

“El cambio de fecha va contra de lo que dice la Constitución en artículo 76 (…), en el que se establece el derecho a la defensa; y para ejercer ese derecho debemos tener un tiempo prudente”, indicó Tipán.

La exigencia ecuatoriana de pasaporte para los venezolanos anunciada por sorpresa el jueves, entró en vigor el sábado y pese a ello, varios venezolanos que ingresaron sin el documento iniciaron el domingo una caminata por carreteras ecuatorianas en su camino a Perú, según dijeron entonces.

Para la Defensoría, la medida migratoria del Gobierno de Lenín Moreno atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución.

El ministro ecuatoriano del Interior, Mauro Toscanini, ha defendido la medida para “garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado” y para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes.

Pero la defensora del Pueblo Gina Benavides argumenta que está probado que cuando se ponen medidas de restricción se fomenta la migración irregular, por lo que teme que aumenten los delitos que se pretende evitar. EFE

(I)

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