La defensa legal del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, procesado por un caso de secuestro a un opositor suyo en 2012, advirtió hoy de supuestas irregularidades y una eventual politización del proceso para perjudicarlo.
La defensa internacional de Correa cree que «este proceso es un juicio politizado» y que «hay irregularidades que son muy fuertes», aseguró hoy a Efe Christopher Marchand, procurador judicial del expresidente en Bélgica, donde reside.
Por eso, dijo que «fue una sorpresa que se aplazara» la audiencia preparatoria del juicio que debía efectuarse hoy en Quito, justamente cuando había acudido a la diligencia un grupo de abogados internacionales.
Sobre todo, señaló Marchand, le causó extrañeza el hecho de que el fiscal que sustenta la demanda haya presentado hoy unas nuevas demandas, justo el día de la vista del juicio, por lo que, a su juicio, no podía haber «otra consecuencia que la de un aplazamiento».
Como abogado de Correa «vine (a Quito) para ver cómo transcurre el juicio», sobre todo por los informes que dan cuenta de ciertas irregularidades en el proceso, añadió.
Por ello, dijo que evaluará si puede acudir el próximo viernes a la reanudación de la audiencia ordenada por la jueza que lleva la causa, Daniella Camacho.
La magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) suspendió hoy la audiencia tras llamar la atención a la Fiscalía General por una irregularidad en la foliación del expediente.
Marchand indicó, además, que la defensa internacional de Correa ha logrado frenar la orden de captura del exmandatario con fines de extradición que dictaminó en julio pasado la jueza.
El jurista recordó que la Interpol, a la que se solicitó la medida cautelar, puede suspender una demanda de «difusión roja» o captura cuando «hay indicios» para hacerlo.
Por ello, a finales de octubre se espera que un órgano de la Interpol evalúe la situación y defina si rechaza o no la petición de la defensa de Correa para que suspenda definitivamente la solicitud de captura.
Otro de los trámites internacionales que emprenderá el equipo de defensa del exmandatario tiene que ver con el pedido hecho a un órgano de derechos humanos de Naciones Unidas para que efectúe «una investigación sobre lo que pasa en este juicio», refirió Marchand.
Lo que se reclama es que se respete debido proceso y, para verificarlo, un grupo de abogados internacionales efectuarán un control, añadió.
Marchand observó, además, una «influencia muy fuerte para los equilibrios de poderes» del Estado en la actuación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio (Cpccst), cuya legitimidad constitucional está en duda y que está conformado por personalidades abiertamente contrarias a Correa.
«El procedimiento no responde a los estándares internacionales, sobre todo en la garantía de independencia de los jueces», afirmó el abogado.
El expresidente Correa (2007-2017) fue vinculado en el supuesto secuestro frustrado del exlegislador Fernando Balda, un acérrimo opositor, ocurrido en Colombia en 2012.
Los procesados en este caso son también los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza, en prisión preventiva desde marzo pasado.
También el exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero, que se encuentra en España, y el exdirector de inteligencia de la Policía Fausto Tamayo. EFE