Ecuador tiene «enquistados topos correístas» en todo su sistema de Gobierno, que pasan factura a las reformas que trata de sacar adelante el presidente Lenín Moreno, manifestó el secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena.
En una entrevista con Efe tras la reciente crisis diplomática con Venezuela y la fuga a otro país de uno de los símbolos del correísmo, Fernando Alvarado, requerido por la justicia ecuatoriana, Michelena asevera que ambos casos se enmarcan en la lucha del presidente por desmontar el «andamiaje correísta» y la corrupción.
«El proceso de transición que se inició con este Gobierno y el cambio que implementó el presidente en corto tiempo, en un año haber desmontado todo un andamiaje correísta, es complejo pero tiene efectos», justificó el secretario nacional, un cargo equivalente al rango de ministro.
Desde su llegada al poder en mayo de 2017, y tras descubrir toda serie de presuntos desfalcos que habían dejado vacías las arcas públicas, Moreno se puso la lucha contra la corrupción como uno de sus principales objetivos, lo que enturbió las relaciones con el régimen de su predecesor, Rafael Correa, del que fue vicepresidente entre 2007 y 2013.
Hoy, con «entre 22 y 31 funcionarios» del anterior régimen en distintas fases de investigación y procesos judiciales, el Ejecutivo ecuatoriano dice afrontar el desgaste y las consecuencias de esa lucha.
«Todos los procesos que hemos avanzado en la lucha contra la corrupción, que han sido certeros y verdaderos, tienen efectos y los efectos son los que estamos viviendo hoy», explicó Michelena.
«Estamos combatiendo de la manera más seria y profunda toda (…) la corrupción y violación de derechos humanos del régimen anterior», subrayó.
Se refería, entre otros casos, a la fuga de quien fuera secretario de Comunicación de Correa, Alvarado, huido a otro país tras despojarse del grillete electrónico de seguimiento que le colocaron en agosto pasado, tras ser procesado por peculado (malversación de fondos públicos).
El ministro encargado de Justicia, Paul Granda, no ha descartado la posibilidad de que recibiera ayuda de funcionarios de los aparatos de seguridad o de instituciones públicas, según insinuó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que mañana jueves celebrará un debate especial al que ha convocado a todos los responsables del caso, entre ellos a Michelena.
«Nosotros tenemos -y hay que ser muy sinceros- topos correístas enquistados en todo el sistema del Gobierno y funciones del Estado. Tenemos enquistados muchos topos», reconoció el secretario nacional frente a esa posibilidad.
«Hoy la pelota rebotó en nuestras manos lastimosamente, (pero) el presidente ha sido muy enfático: Vamos a investigar y dar con los responsables si hubo cómplices», aseguró.
Hombre de confianza de Moreno y la cara más visible de esa nueva forma de hacer política que ha institucionalizado el presidente de Ecuador, Michelena insiste en que el mensaje de combate a la corrupción es «contundente».
Como primera medida, se ordenó el traslado del exvicepresidente Jorge Glas, condenado por asociación ilícita en la trama Odebrecht, a una cárcel de máxima seguridad, ante un informe que alertaba de una posible fuga: «Estaba en una cárcel de no mucha seguridad, pero la experiencia que hemos vivido nos está diciendo que tenemos que tener cuidado y mucho más cuidado».
Recuerda en ese sentido cómo a una testigo de uno de los casos más sonados y que salpica a Correa -el intento de secuestro en Colombia del político opositor Fernando Balda-, reconoció recientemente que la intentaron sobornar en prisión para que cambiara su testimonio contra el exmandatario.
Para Michelena, «estos señores que corrompieron y se llevaron todo el dinero que había en Ecuador (…) tienen mucho dinero para corromper cualquier sistema institucional del país».
«Entonces, nos estamos enfrentando a una mafia y tenemos que ser conscientes de que todos los esfuerzos que hagamos deben ser para proteger el bienestar del pueblo ecuatoriano», declaró.
A raíz de la fuga, el Gobierno también ha pedido públicamente a las instancias fiscales y judiciales que endurezcan las medidas cautelares contra aquellos sospechosos del anterior régimen que estén en fase procesal.
Y argumenta tajante que «hay que tener muy claro» que con «la corrupción que ellos hicieron» y «el dinero que tienen» pueden «dañar a cualquier institucionalidad». EFE