Con 91 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional destituyó a la legisladora Ana Galarza, del bloque legislativo de CREO. La moción la propuso el asambleísta correísta Ronny Aleaga, en vase a un informe de minoría de la comisión que la investigó, presentado por su coidearia correísta Amapola Naranjo.
El informe de mayoría la absolvió de la acusación de «cobrar diezmos» a sus colaboradores, pero encontró que su marido, Francisco Sevilla, utilizaba la tarjeta electrónica de otra asesora para ingresar de manera irregular a las áreas de oficina donde la legisladora trabajaba. En su intervención, Galarza pidió a sus compañeros no irse contra la ley y no destituirla.
De esta forma, el Parlamento rechazó el informe presentado por la mayoría de la comisión multipartidista que, desde finales de enero, investigó la denuncia presentada por el propio Aleaga y que recomendaba imponer, únicamente, una sanción administrativa a la asambleísta.
En su alocución, Aleaga afirmó que la denuncia contra su compañera no era «una simple falta administrativa» ya que, de ser así, no se hubiera hecho «una investigación ante un hecho tan ligero» en el Legislativo.
«Señora Galarza, esto es por su vergonzoso e indigno proceder», le increpó el representante del Guayas.
En su turno de réplica, Galarza adujo que no hizo gestiones para que su exasistente, Lenín Rodríguez, sea contratado por la legisladora Jeanine Cruz, sino que él en su hoja de vida la incluyó como una de sus referencias laborales.
La asambleísta por la provincia de Tungurahua asumió que cometió errores porque es «humana» y aceptó que se le impusiera una sanción administrativa por ello, al tiempo que pidió «disculpas al país, así como a la Asamblea Nacional».
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea decidió, a principios de enero y por unanimidad, investigar a la legisladora de CREO por presuntos actos irregulares, el principal de ellos, cobrar «diemos a sus colaboradores», además de una presunta gestión ilícita de cargos públicos, al recomendar supuestamente la contratación de uno de sus exasesores a otra asambleísta.
Además, Rodríguez presentó ante la Fiscalía ecuatoriana una denuncia contra Galarza por presuntos cobros indebidos y aparente desvío de fondos al interior de la Asamblea Nacional, que ella niega.
«Si se contabiliza a lo largo del tiempo, sería un perjuicio de más de 100.000 dólares, lo que revelaría un manejo inadecuado de recursos públicos», insistió Rodríguez a la salida de la Fiscalía.
Rodríguez no ha podido probar que, como ha asegurado, Galarza cobraba la mitad de sus sueldo de sus asesores. EFE