En Puyo se realiza la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia que impide el ingreso de petroleras a zonas habitadas por la etnia amazónica de waoranis. Un tribunal penal de la capital de Pastaza resolvió en abril aceptar su acción de protección ante la pretensión del gobierno de abrir unas 180.000 hectáreas de su territorio a la explotación de crudo.
El gobierno apeló la decisión e insiste en que cuenta con los permisos para licitar del denominado bloque 22 gracias a una consulta realizada en 2012 a los nativos. Los waorani sostienen que los funcionarios llegaron ese año en avioneta y obtuvieron el aval de los indígenas con engaños, comida y refrescos.
Por eso los waorani se manifestaron pacíficamente el martes frente al Palacio de Carondelet, sede del Gobierno Nacional, en Quito. Llevaron 122.000 firmas de respaldo a lo que consideran la «defensa» del territorio que habitan.
Con unos 4.800 miembros, los waorani son dueños de unas 800.000 hectáreas de selva en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana. La ley reconoce la jurisdicción indígena sobre el territorio, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.