Autoridades de Ecuador y representantes de la empresa Odebrecht celebraron este miércoles una segunda reunión para definir la metodología que permita fijar el monto de reparación por los daños ocasionados por los sobornos de la constructora brasileña en este país.
El procurador general del Estado, Iñigo Salvador, precisó en una comparecencia ante los medios que esta metodología es un «marco referencial» ajustable a medida que avance el proceso y se vayan conociendo los alcances del escándalo de sobornos, calculados en principio en unos 35 millones de dólares.
Ecuador ha demandado a Odebrecht una reparación por «dos tipos de daños» entre los que figuran «los materiales» y los «inmateriales», dijo el procurador general.
Los primeros contemplan «la determinación del daño emergente y lucro cesante causados en relación a cada uno de los contratos celebrados por entidades públicas ecuatorianas y la compañía brasileña«.
Asimismo, «los rubros indemnizatorios que se desprendan del análisis de cada contrato, que incluyen posibles costos adicionales sin sustento, pagos ilegales, acuerdos colusorios y costos financieros asociados».
En cuanto a la segunda categoría, los inmateriales, se incluyen que «los daños sociales causados por las acciones ilícitas de Odebrecht, que incluyen la pérdida de confianza y credibilidad de las instituciones públicas, la afectación a la seguridad jurídica y el desaliento a la inversión en el país».
La reunión de hoy tuvo lugar en la Procuraduría, y por parte de la firma Odebrecht participó Félix Martins, su representante para América Latina.
Por parte del Estado acudieron el superintendente de Control del Poder del Mercado, Danilo Silva, y el director nacional jurídico del Servicio de Rentas Internas, Galo Maldonado.
Salvador, remarcó que estas tratativas para fijar la compensación al Estado ecuatoriano por las actividades ilícitas de la constructora serán «independientes» de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía en el ámbito penal o de cualquier otro proceso administrativo o judicial.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la firma brasileña pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y Africa.
En el caso de Ecuador, afirmó que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, elegido en 2017, cumple una condena de pena de seis años de prisión por asociación ilícita en relación a esta trama de corrupción.
En total, Ecuador investiga o han sido investigados catorce proyectos de construcción que fueron adjudicados a la firma brasileña, entre ellos el emblemático Metro de Quito, por más de 1.500 millones de dólares.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó recientemente que Odebrecht estaría detrás del pago de sobornos por valor de 7 millones de dólares para ganar los contratos de construcción del Metro -del que ya no forma parte la brasileña- y la Ruta Viva, una carretera que circunvala la capital ecuatoriana.
En paralelo, la Fiscalía mantiene abierto un proceso en torno al llamado caso «Arroz verde», que indaga la presunta participación de la constructora en la supuesta financiación irregular de la campaña política del partido Alianza País (AP), en la época en que estuvo liderado por Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
Dentro de ese caso, cuya investigación judicial se inició en mayo, hay dos exfuncionarias de la Corte Constitucional procesadas y que trabajaron también en la Presidencia de la República cuando Correa estaba a la cabeza.
La tercera reunión entre las partes se llevará a cabo el próximo 24 de agosto en el que se tendrá un primer informe total o parcial de acuerdo a los resultados que se recaben durante el mes, precisó Salvador. EFE