La Comisión ocasional multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional de octubre pasado aspira aprobar el informe final este lunes 9 de diciembre.
El presidente de la comisión, Fernando Burbano (BADI), convocó a los integrantes de la comisión para una sesión a las 11:00, una vez que cada uno de sus integrantes tienen en sus manos un documento borrador que es la narrativa de los hechos, comparecencias. El plazo vence el 12 de diciembre.
Burbano, en la última reunión de la comisión, sugirió que como conclusión general se deje constancia que de acuerdo a la información obtenida se evidencia que hubo afectaciones económicas, materiales en instituciones públicas y privadas, así también afectaciones humanas. Además dijo que aspira que la asamblea asuma la tarea de hacer seguimiento al informe.
La comisión la integran: Fernando Burbano (BADI); Jaime Olivo (PK-BIN); Doris Soliz (RC); César Rohón (PSC); Rosa Orella y Carlos Vera (AP); y, Héctor Yépez (CREO).
El presidente de la comisión advirtió a los legisladores que las conclusiones y recomendaciones deben regirse al mandato de la comisión ocasional que es ejecutar control político y fiscalización sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan delitos contra la seguridad pública registrados en el periodo comprendido del 2 al 13 de octubre de 2019 a nivel nacional, así como llevar a cabo un seguimiento al fiel cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo establecido por el gobierno nacional.
Comentó que en este paraguas hay tres elementos que se tienen que observarse para aprobar el informe: El primero es ejecutar control político y fiscalización sobre las medidas adoptadas durante la jornada de protesta, y para ello, según Burbano, están reportadas en el informe una a una las acciones realizadas de las instituciones que comparecieron a la comisión.
El segundo elemento está relacionado a los hechos de violencia que constituyan delitos contra la seguridad pública. Ahí se levantó toda la información entregada; y, el tercer elemento es hacer un fiel seguimiento de las resolución adoptada en este tema que, según dijo, no está resuelto porque el único compromiso cumplido al momento es el levantamiento del paro y la derogatoria del Decreto 883. De ahí que el establecimiento de otras acciones de acuerdo todavía no se ha notificado a la Asamblea Nacional, para hacer el seguimiento respectivo.
Burbano planteó que este lunes se declare la comisión en sesión permanente para obtener un informe final con las observaciones, conclusiones y recomendaciones.
Héctor Yépez (CREO) señaló que del informe borrador se deben hacer precisiones en el relato realizado por el representante de Fundamedios, en el caso de las afectaciones a los periodistas, donde se dijo que fue a la par las agresiones, que vinieron de los manifestantes y de la fuerza pública.
Asimismo planteó incluir el dato de la Defensoría del Pueblo de que el 80% de las detenciones no fueron justificadas porque no se formularon cargos. Respecto al número de fallecidos, Yépez recomendó que se haga una matriz solo de ese tema porque se tiene que cotejar las distintas versiones, pues unos hablan de nueve fallecidos, otros ocho, once y el gobierno maneja otras estadísticas y razones.
En el tema de los acuerdos, es importante que en el informe se realice una radiografía de lo que ha sido el diálogo y la falta de este antes de emitir el Decreto 883, motivo de las protestas.
Como recomendaciones el delegado de CREO sugirió, que como en la región hay un estallido social provocado por medidas impopulares y sobre todo inconsultas, que el gobierno fomente políticas públicas de educación para la paz; así como exhortar que el diálogo no sea solo propaganda o parte del discurso político, sino que tiene que prevalecer diálogo previo a las medidas que impactan a la gente. Una tercera recomendación es analizar medidas de pacificación en el país porque aún se sostienen declaraciones subidas de tono y agresivas, anotó.
El representante de Pachakutik, Jaime Olivo, planteó que en el informe se incluya las conclusiones de la Organización de las Naciones Unidas donde se especificó el uso excesivo de la fuerza; donde se debe advertir que el Estado debe garantizar y prevenir todos los actos que alteren la paz.
Pidió que se precise la redacción del informe que no debe constar la frase “hechos vandálicos”, pues una cosa son los hechos y otra los actos. «Las personas respondemos por los actos y no por los hechos, pues no es competencia de la Asamblea sancionar los hechos vandálicos», dijo.
Situación de presos
Pabel Muñoz (RC), en representación de Doris Soliz, coincidió en la tesis del asambleísta Olivo de no incluir la frase “hechos de vandálicos” porque lo que hubo fue una movilización social y ciudadana, que pudo haber tenido eso, pero que la comisión desde los antecedentes está juzgando.
Comentó que el país espera de la comisión empatía con las víctimas, respaldo a sus reclamos y que ningún caso de violación de Derechos Humanos quede sin investigar. Además se debe exigir respuestas a las investigaciones a nivel de Fiscalía sobre los hechos de octubre.
Igualmente, dijo que en la investigación política que se realice desde la Asamblea para la bancada de la Revolución Ciudadana es importante que se aclare si detrás de las manifestaciones hubo planes de desestabilización o fue una activación social frente a medidas económicas inconsultas.
Agregó que en el documento también se debe referir a la situación de los presos por rebelión, y que lo correcto y sano es que se defienda en libertad, refiriéndose al caso de su coidearia Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y los dirigentes de la RC, Virgilio Hernández y Christian González, acusados de un delito de rebelión.
Dijo que el informe debería referirse al caso del asambleísta Yofre Poma, sentenciado por cómplice del delito de paralización de un servicio público.
El legislador Yépez pidió que en las conclusiones del informe se debe dejar sentado, de que luego de escuchar a las dos partes, en el proceso de detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, no se ha presentado ninguna justificación para el uso de la prisión preventiva.
El presidente de la comisión acogió el pedido planteado por el delegado de Pachakutik y pidió al equipo técnico para que en el informe no se incluya la frase “hechos vandálicos”, a fin de que quede claro que no se está realizado un informe con prejuicios, además para que no exista susceptibilidades, se realizará una revisión. (I)