Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa en un proceso de presunto cohecho, cree que intereses políticos buscan convertir el caso en el «juicio del siglo» y bloquear la posibilidad de que el exjefe de Estado participe en los comicios de 2021.
A sus 43 años, este cayambeño lleva sobre sus hombros el peso más notorio de la lucha judicial contra el sinnúmero de casos abiertos contra la máxima dirigencia de Correa, acusados de presunto «cohecho» en el caso «Sobornos 2012-2016», que podría truncar las aspiraciones electorales del exmandatario.
«El CNE está interesado en establecer ya el calendario electoral, y la premisa, sobre todo del Gobierno, y de (algunos) periodistas más connotados de Ecuador, es la de hacer fuerza para que exista una sentencia ejecutoriada contra Correa previo a que deba inscribir su candidatura», sentencia en una entrevista con Efe.
Licenciado en Derecho por la Universidad SEK de Quito, Jarrín representa a Correa desde hace casi dos años en los diversos casos que se le han ido abriendo, pero también a otros dirigentes del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y asesora legalmente en todo tipo de peticiones a instancias internacionales.
«En este momento considero que me he transformado en una especie de cabeza de la defensa política-penal de los miembros de la RC, empezando por Correa y pasando de forma transversal por la situación de muchos de nuestros dirigentes», sentencia.
Fue él quien consiguió medidas cautelares de la CIDH para dirigentes como Jorge Glas, Paola Pabón, Virgilio Hernández o Christian González, y quien, la pasada semana, impulsó una serie de denuncias contra el Gobierno de Lenín Moreno ante seis relatorías de la ONU en Ginebra.
Pero son sólo algunas de sus iniciativas en esta lucha frontal del correísmo contra Moreno y contra la fiscal general, Diana Salazar, a quien cree artífice de una «persecución política».
Y está convencido de que ella fue nombrada con la «condición sine qua non» de acosar a los seguidores de Correa desde que su cliente se enemistó con Moreno, y de conseguir que antes de noviembre exista una sentencia en tercera instancia que le impida ser candidato a vicepresidente o asambleísta.
Desde la semana pasada se ventila en la Corte Nacional de Justicia el crucial caso «Sobornos», por el que se juzga a 21 personas -entre ellas Correa y Glas- por la supuesta financiación ilegal del movimiento político Alianza País, cuando estaba liderado por el exgobernante (2007-2017).
Un caso en el que Jarrín asegura que no hay pruebas sólidas contra su cliente, que supuestamente se han prefabricado documentos, y las reglas procesales han sido retorcidas una y otra vez para satisfacer «necesidades políticas», entre ellas la de que el juez deba ser de cargo permanente en la Corte para garantizar su «independencia».
«Hay intencionalidad en transformar esto en el juicio del siglo, en la gran batalla, y yo siento permanentemente que, sobre mis hombros está pesando una responsabilidad muy grande, muy complicada», dice sobre la polarización de la sociedad ecuatoriana.
Una situación creada precisamente en los diez años de gobierno de su defendido, pero que el letrado considera fue necesaria, pese a las duras críticas de muchos sectores sociales.
«Para tratar de cambiar algunas cosas que estaban muy mal en una sociedad como la ecuatoriana, había que conseguir que ciertos sectores muy fuertes te odien», explica al referirse a «los medios», «la banca» y «el aparato industrial».
«Eso es lo que sucedió con Correa. Muchos estaban acostumbrados a las prebendas del Estado, son espacios de poder sobre todo económico, muy relacionados a sectores políticos, y los que sin duda van a luchar a capa y espada para que no vuelva», opina.
A quien hoy es su cliente lo conoció hace cuatro o cinco años cuando era Subsecretario de Relaciones Interinstitucionales, un funcionario de segunda categoría en la Secretaria Nacional de Gestión de la Política.
A diferencia de otros miembros en la Administración, Jarrín, que en los primeros años de Gobierno de Correa estuvo estudiando en Argentina y después se dedicó a su profesión, provenía de «una familia muy política, cercana a la línea del Partido Comunista».
Pero siendo abogado, una día le dio por redactar un informe legal sobre el caso de secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda en Colombia, en 2012, y «a los pocos días» el entonces mandatario le llamó a «preguntarme unas cosas».
«El resto es historia. Ya casi dos años absolutamente relacionado con él, defendiéndole a él, a quienes están siendo perseguidos, a quienes fueron presos por la revuelta de octubre», refiere sobre los detenidos en las protestas violentas por el alza de los combustibles.
Preguntado sobre si no teme ser «marcado» como el «abogado del correísmo», Jarrín sonríe y reconoce que le «ha traído más de un dolor de cabeza» pero, «más de una satisfacción» porque así defiende «ideales y posturas inclusive como abogado».
Y a pesar de que se declara en su perfil de Twitter como «correísta sin ninguna duda», se queja del uso peyorativo que ciertos «grupos de poder» hacen de ese concepto.
«Cuando se utiliza en forma amplia, lo asocian siempre con la lucha contra la corrupción. Si te fijas en titulares de prensa, de portavoces, se decía: ‘hay que limpiar el Gobierno de correístas’. Realmente es una falacia de este Gobierno», concluye. EFE