La Corte Constitucional ha dispuesto a las autoridades del ministerio de Finanzas, que «se abstenga de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones y educación superior».
Y ha dispuesto que se detengan los efectos del oficio del ministerio de Finanzas del 16 de abril de 2020, y que contiene las “Directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre del año 2020”, «en lo que respecta al aspecto presupuestario» de las universidades «hasta que la Corte adopte una decisión de fondo». Y subraya que «esta resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la presente acción de incumplimiento».
La Corte Constitucional ha respondido así ante una petición de acción de cumplimiento, de la totalidad del oficio, presentada por el economista Pablo Dávalos, y otros ciudadanos.