El Gobierno ecuatoriano informó hoy de que dispuso la publicación de la derogación de la Ley de Plusvalía, en vigor desde 2016 y cuya eliminación fue resuelta en una consulta popular y referendo celebrado en febrero, tirando abajo así otro de los emblemas del correísmo.
El pasado viernes, el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó la derogación de la Ley de Plusvalía con 97 votos a favor y 18 abstenciones.
Con ello, el Parlamento se allanó a la voluntad popular expresada en las urnas durante el referendo del pasado 4 de febrero, cuando un 63 por ciento de los electores aprobaron la pregunta número 6 sobre la ley que pretendía evitar la especulación del suelo.
«¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Lev Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como «Ley de Plusvalía», según el Anexo I?», se preguntó a los ecuatorianos en la consulta que incluía otras seis inquietudes sobre diversos temas.
La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) informó hoy de que la derogación entra en vigor a partir de la publicación en el Registro Oficial.
El Presidente informa – Marzo 19, 2018
[EN VIVO] El Presidente informa
Gepostet von La República am Montag, 19. März 2018
Señaló que de esa manera, se garantiza lo establecido en el último inciso del artículo 106 de la Constitución de la República: «El pronunciamiento popular será de obligatorio cumplimiento».
La polémica normativa sobre la plusvalía, aprobada durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), generó rechazo de grupos de oposición de derechas, sindicatos, críticos y gremios de la construcción, por considerar que desalentaba el empleo y afectaba al sector inmobiliario.
Durante el debate del pasado viernes, el legislador oficialista Ricardo Zambrano señaló que la anterior normativa afectó a la construcción y al encadenamiento productivo que genera esa actividad.
«Es una actitud de vanidad mantener una ley que no ha dado los frutos esperados», añadió entonces Zambrano al ratificar el derecho de los ecuatorianos a una vivienda.
De su lado, el oficialista Rodrigo Collaguazo aseguró que el sector privado tiene ahora que cumplir su parte y generar las plazas de empleo que se perdieron con la aplicación del anterior cuerpo legal.
Y es que, según un informe de la comisión que preparó el debate sobre la derogación de esta normativa, con la aplicación de la Ley anterior se habrían perdido unos 140.000 empleos y producido una contracción de 1.500 millones de dólares en el sector de la construcción.
Por su parte, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, que defiende la gestión del expresidente Correa, justificó el viernes la normativa que, según dijo, «buscaba controlar» la especulación en la que se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. EFE