La ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, destacó hoy el profesionalismo de la Policía, pero reprochó la falta de acción al tratar un caso de secuestro callejero que terminó en feminicidio y que ha levantado polémica en el país.
Romo, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional (Parlamento), rindió su versión sobre la labor de la Policía respecto de varios hechos que han generado polémica y preocupación en la ciudadanía.
El caso que demandó una mayor explicación de la ministra fue el del feminicidio ocurrido en la ciudad andina de Ibarra (norte), donde una mujer embarazada fue asesinada por su pareja, un ciudadano venezolano, lo que desató reacciones de xenofobia.
La Policía acudió al llamado de auxilio, pero no intervino para evitar el asesinato de la mujer, por lo que Romo advirtió de que «se cometieron una serie de omisiones de lo que debía ser un procedimiento apropiado de la Policía Nacional».
«Cuando se trate de salvar una vida la policía debe actuar», apostilló tras asegurar que se mejorarán los protocolos, prácticas, reformas y códigos en la labor de la Policía.
«No tenemos una Policía que sale a matar, no tenemos una Policía que sale a disparar, tenemos una Policía profesional«, recalcó e insistió en que el día del feminicidio incluso el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) rescató a cinco extranjeros que se encontraban extraviados ocho días atrás en una laguna del volcán Imbabura.
El feminicidio es un hecho que «se inscribe en un contexto particular de violencia», afirmó.
La ola de xenofobia que generó este caso también motivó a las autoridades ecuatorianas a anunciar el reforzamiento de los controles migratorios en las fronteras.
Romo indicó que «se podría hacer una verificación de movimientos migratorios regulados», a través de los pasados judiciales de los migrantes, pero se lamentó que Venezuela no prestara su base de datos.
Además, la ministra se refirió al caso Mascarilla ocurrido en 2018 en un control aduanero en la provincia de Imbabura, en el norte andino, cuando gendarmes acudieron a un llamado sobre un accidente de tránsito, pero el chófer de una grúa evitó la detención de una camioneta cargada con material minero e involucrada en el siniestro.
Ese operativo falló luego de que pobladores enfrentaran a los uniformados para evitar la detención del vehículo, lo que generó una trifulca y terminó con la muerte de un manifestante por disparo de un policía.
La ministra Romo, al respecto, aseguró, mediante la presentación de un vídeo, que en ese episodio la turba quemó una dependencia policial, patrulleros y agredió a varios gendarmes.
Añadió que «la Policía nacional dio con una investigación de un año para trabajar sobre la actividad ilícita de recursos mineros» y remarcó que el primer mes de este año se logró desarticular a dos organizaciones ilegales y detener a 24 personas dedicadas a la minería no regularizada, aunque lamentó que horas después fueran liberadas por la juez encargada del caso.
Asimismo, comentó que 409 personas fueron detenidas en 2018 por minería ilegal pero que el 81 por ciento se encuentra en libertad y puntualizó que el esfuerzo de la Policía no es correspondido por otras instancias del sistema judicial. EFE