En un comunicado publicado este viernes 22 de febrero, la Secretaría General de la Presidencia del Ecuador informó que ejecutará la orden de detención expedida en 2015 en contra de los hermanos Roberto y William Isaías si son deportados de los Estados Unidos al país (Ecuador) en las próximas horas.
La Secretaría recordó que sobre los hermanos Isaías pesa un pedido de extradición de la justicia ecuatoriana. Además que tienen una sentencia de ocho años de cárcel por el delito de «peculado bancario».
«A su llegada al territorio ecuatoriano, el Gobierno ejecutará la orden de detención que ha emitido la administración de justicia«, reza el comunicado.
Roberto y William Isaías Dassum eran presidente y vicepresidente del Filanbanco, el banco más grande del país durante las últimas décadas del siglo XX, y cuya quiebra, en 1998, desencadenó una de las mayores crisis del país. Procesados por la justicia, durante el gobierno de Jamil Mahuad, huyeron después que la Corte Suprema les dictó una orden de prisión preventiva.
Establecidos en Miami, siguieron manejando dos de las cadenas privadas de televisión más importantes del país (TC y Gama) hasta que estas y la totalidad de sus empresas fueron incautadas en 2008 por el Presidente Rafael Correa.
Emparentados familiarmente con el expresidente León Febres Cordero, los hermanos Isaías fueron acusados de apropiarse de los fondos entregados por el Banco Central para salvar el banco, que finalmente entregaron al Estado después que se aprobó una Ley de Garantía de Depósitos. En 2012, la Corte Nacional de Justicia (que había sido reorganizada por Correa) los sentenció, en ausencia, a ocho años de reclusión mayor ordinaria por el delito de peculado bancario.
Previamente, la Constitución de Montecristi, impulsada por Correa, había convertido al peculado bancario en un delito imprescriptible.
La mañana de hoy se conoció que un Tribunal del Guayas dictó Habeas Corpus preventivo a favor de hermanos Isaías, alegando que la sentencia no está en firme por hallarse pendiente un recurso ante la Corte Constitucional. El recurso concedido impide que sean detenidos al llegar al país.