La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó elementos de convicción en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico Alexis Mera, los ministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís, entre otros (en total veinticuatro ciudadanos) a quienes acusó del presunto delito de cohecho.
Al empezar su intervención, la Fiscal aclaró que, al encontrar impedimento legal de continuar con la acusación por un concurso real de infracciones en el que estaba incluida la asociación ilícita y el tráfico de influencias, solamente los acusó de cohecho, un delito imprescriptible y que puede ser juzgado en ausencia.
Segú Salazar, la investigación determinó que entre los procesados se formó una estructura integrada por funcionarios públicos, cuyos roles facilitaron la obtención de recursos de manera irregular por parte de empresarios, para el otorgamiento de contratos con el Estado.
Ellos entregaron USD 5,6 millones por cruce de facturas y otros USD 6,7 millones en efectivo, entre los años 2012 y 2016, que fueron utilizados para actividades de Alianza País y para «sostener el apoyo popular» al gobierno de Correa. Según la Fiscalía, el papel del expresidente fue relevante ya que ubicó de forma estratégica y «circular» a sus funcionarios de confianza en ministerios desde donde se entregaron contratos a las empresas que previamente pagaron y ofrecieron sobornos.
Además de los ya mencionados, la Fiscalía dice que también son autores del delito la asambleísta Viviana Bonilla, el exlegislador Christian Viteri, la exasesora presidencial Pamela Martínez y la exasistente presidencial Laura Terán.
A ellos se suman los empresarios Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Ramiro Galarza, Édgar S., Pedro V., Bolívar S., William Philips, Rafael C., Teodoro Calle, Cai Runguo, Mateo Choi. y José Verdú.
Como cómplices fueron acusados Yamil Massuh. y María Augusta Enríquez.
Francisco Noboa e Ítalo Centanaro han sido sobreseídos.
Hasta el momento, Fiscalía ha presentado veintiséis de los 587 elementos de convicción que anunció al inicio de su intervención. La audiencia quedó suspendida para mañana a las 09:00.
En una primera parte de la diligencia, la jueza Daniella Camacho, luego de haber revisado los argumentos presentados por las partes procesales, declaró la validez procesal de todo lo actuado hasta el momento.