La Fiscalía General del Estado ha liderado, la madrugada de este miércoles 1 de abril, allanamientos a las instalaciones de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y otros inmuebles en Quito y Cuenca, dentro de la investigación a funcionarios de esa institución, por el presunto delito de peculado en la compra de mascarillas para enfrentar la pandemia de coronavirus.
El hecho ha ocurrido tres días después que la Fiscal General, Diana Salazar, ordenó una investigación previa por tales acusaciones, y que el presidente del directorio del IESS, Paúl Granda, anunciara la remoción de los funcionarios involucrados en la compra de insumos médicos, en un contrato de más de US$10 millones, con supuesto sobreprecio, con la empresa Almantop S. A., y que el Consejo Directivo separar del cargo a Ángel Loja Llanos, director general de la institución.
El vocal por los empleadores, Felipe Pezo, dijo que la proveedora de insumos médicos contratada, es una empresas de venta de comidas. Las denuncias se centran en el alto precio de las mascarillas N95, que en el mercado normalmente pueden encontrarse en $3,90 y que para el contrato con el IESS costaban $12 por unidad.