El Gobierno de Ecuador reveló este martes la existencia en este país de una «red» de centros clandestinos de deshabituación de adicciones y homosexualidad donde se practican actos de tortura e incluso se han producido dos muertes durante el último año.
La ministra de Salud Pública, Carina Vance, calificó de «absolutamente crítica» la problemática que rodea a estos establecimientos, donde se han descubierto casos de intento de «deshabituación» de la homosexualidad y prácticas como violaciones y agresiones que formarían parte de pretendidas «terapias».
Vance dijo que desde 2012 el departamento ha intervenido ante denuncias de funcionamiento de dieciocho de estos centros, cinco de ellos clausurados de forma definitiva, y señaló que en quince de los establecimientos se cometían supuestas violaciones de derechos humanos y en tres se denunciaron malas condiciones sanitarias.
En dos de los dieciocho casos denunciados durante 2012, que han sido sometidos a la justicia, murieron dos jóvenes internados en centros en Machala y Guayaquil.
En Ecuador, en 2012 se concedió autorización para 123 centros, pero se estima que entre setenta y ochenta más podrían operar de forma ilegal y lucrarse del internamiento de personas que, en muchos casos, han sido llevadas a ellos de manera forzosa.
La Policía busca desde hace un mes a una mujer llamada Sara S., quien efectuó una «llamada desesperada» para denunciar que la iban a internar en uno de estos centros por su orientación sexual, reveló la ministra, quien puso de relieve que no se la ha encontrado, pese a disponer de «todo el poder del Estado».
Vance indicó que en torno a estas clínicas existen «intereses muy fuertes» que incluso «parece que permean las instituciones públicas».
Uno de los casos es el de una joven llamada Zulema, quien denunció en junio haber sido internada en un establecimiento de la provincia de Napo por su familia para someterla a un supuesto tratamiento contra su condición de lesbiana y relató que sufrió tortura, agresión física y psicológica.
En la investigación se descubrió que en este caso estaba supuestamente implicada la comisaria provincial de salud, quien presidía una comisión encargada de velar para que no se produzcan este tipo de situaciones y era, precisamente, propietaria del centro.
La ministra dijo que en este lugar había diez personas internadas, tres de ellas por problemas con drogas o alcohol y siete por problemas familiares.
Explicó que en este caso fueron apresadas ocho personas a las que se ha acusado de violaciones de derechos humanos y del «delito de odio».
Estas personas «están en sus casas» porque «no se considera que son un peligro», mientras que en Ecuador, más de 4.000 personas sufren prisión por poseer una pequeña cantidad de droga, indicó Vance.
El departamento ha presentado una queja ante el Consejo de la Judicatura para que «se revise» si los detenidos deben estar en libertad, agregó.
El uso de agua helada; agresiones físicas; violaciones en casos de homosexualidad y el dopaje son algunas prácticas utilizadas como «terapia» en los centros, indicó la titular de salud Pública, quien precisó que estas acciones no pueden formar parte de tratamiento alguno «bajo ninguna mirada».
El ministerio ha «redoblado los esfuerzos» en el control de estas actividades clandestinas, según la ministra.
«No son casos aislados» sino «una mafia» o «una red nacional» que opera en diferentes provincias del país y que está «vulnerando derechos humanos» de ciudadanos ecuatorianos, aunque también hay víctimas extranjeras, dijo.
El departamento, dentro de su combate contra los centros ilegales, ha desplegado un plan de inversión a diez años que incluye la construcción de 950 centros de atención integral con servicios de salud mental por todo el territorio nacional.
De este programa, que tiene un presupuesto global de 2.500 millones de dólares, se ha iniciado ya la construcción de los cien primeros establecimientos. EFE