Quito, 7 nov (EFE).- Las autoridades rescataron hoy a 17 personas que permanecían retenidas en una clínica clandestina en Ecuador y detuvieron a otras siete, entre ellas una funcionaria de Justicia, durante una operación coordinada por la Fiscalía ecuatoriana.
Entre las personas liberadas figura un menor de edad, quien relató que «era torturado con electricidad para ‘sanar’ su problema de comportamiento», informó en su cuenta de Twitter la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se trata de la Clínica Unión y Esperanza, situada en el sector de Pisulí (norte de Quito), según el diario El Telégrafo, que indicó que en el establecimiento hay una fosa con agua, supuestamente «para torturar a los internos», además de «cables que habrían sido usados para propinarles descargas eléctricas».
En el recinto ilegal, intervenido durante esta madrugada, podría haber estado el joven David Romo, desaparecido el pasado 16 de mayo en Quito, indicó la FGE, que agregó que las «víctimas» liberadas fueron trasladadas por personal del Ministerio de Salud a centros de asistencia.
En el lugar fueron halladas listas de internos, sueros, medicamentos, teléfonos celulares, computadoras, chalecos antibalas y títulos de propiedad.
La Fiscalía también investigará un presunto delito de usura, ya que se hallaron cartillas de cobro y listados de deudores, agregó la FGE.
El Gobierno de Ecuador reveló el pasado mes de julio la existencia en el país de una «red» de centros clandestinos de deshabituación de adicciones y homosexualidad donde se practican actos de tortura e incluso se han producido dos muertes durante el último año.
La ministra de Salud Pública, Carina Vance, calificó entonces de «absolutamente crítica» la problemática que rodea a estos establecimientos, donde se han descubierto casos de intento de «deshabituación» de la homosexualidad y prácticas como violaciones y agresiones que formarían parte de pretendidas «terapias».
Desde 2012 hasta julio de 2013 el ministerio intervino ante denuncias de funcionamiento de dieciocho de estos centros, cinco de ellos clausurados de forma definitiva.
En Ecuador, en 2012 se concedió autorización para 123 centros, pero se estima que entre setenta y ochenta más podrían operar de forma ilegal y lucrarse del internamiento de personas que, en muchos casos, han sido llevadas a ellos de manera forzosa.
Según Vance, en torno a estas clínicas existen «intereses muy fuertes» que incluso «parece que permean las instituciones públicas».
Uno de los casos es el de una joven llamada Zulema, quien denunció en junio haber sido internada en un establecimiento de la provincia de Napo por su familia para someterla a un supuesto tratamiento contra su condición de lesbiana y relató que sufrió tortura, agresión física y psicológica.
En la investigación se descubrió que en este caso estaba supuestamente implicada la comisaria provincial de salud, quien presidía una comisión encargada de velar para que no se produzcan este tipo de situaciones y era, precisamente, propietaria del centro.
El uso de agua helada, agresiones físicas, violaciones en casos de homosexualidad y el dopaje son algunas prácticas utilizadas como «terapia» en estos centros.
«No son casos aislados» sino «una mafia» o «una red nacional» que opera en diferentes provincias del país y que está «vulnerando derechos humanos» de ciudadanos ecuatorianos, aunque también hay víctimas extranjeras, dijo entonces la ministra. EFE
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