En el marco de las celebraciones por los 194 años de independencia de Guayaquil, el Consejo de la Judicatura suscribió un convenio interinstitucional con el Ministerio del Interior, para la ampliación de la Unidad de Flagrancia ubicada en la Unidad de Vigilancia Comunitaria – Centro (ex Cuartel Modelo), del Puerto Principal.
El Presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, destacó este acuerdo que, dijo, “permite continuar trabajando en función del bien común y servir de mejor manera a las y los ciudadanos”.
Este es un espacio donde trabajan de manera coordinada el Consejo de la Judicatura, los Ministerios del Interior, de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Policía Judicial, con resultados muy positivos. Este modelo de gestión se replica a nivel nacional.
“Guayaquil requería que ampliemos este servicio. El trabajo de estas unidades, ha permitido que los delitos flagrantes sean sancionados, cumpliendo el debido proceso (…) Las cifras afirman que el trabajo es cinco veces más rápido y tres veces más productivo”, afirmó.
Por su parte, el ministro del Interior, José Serrano, anunció que esta cartera de Estado no solo traslada al Consejo de la Judicatura las oficinas administrativas de la Unidad de Flagrancia, sino también el área de parqueaderos. “De nada nos serviría tener el área administrativa para la gestión judicial, si no vamos a tener los espacios suficientes para que los usuarios tengan acceso a la justicia”, dijo.
Con este traspaso desaparece también el “denominado cuartel Modelo, donde en el pasado, se infringieron todas las leyes y normas de Derechos Humanos y hubo desapariciones forzosas de ecuatorianos”, afirmó Serrano.
La directora general del Consejo de la Judicatura, Andrea Bravo, explicó que en esta unidad judicial penal habrá 22 jueces y juezas, un número similar de secretarios, 22 agentes de la Policía Nacional, 38 agentes penitenciarios, además de 203 funcionarios administrativos.
Una vez que las instalaciones estén listas se integrará a esta unidad un tribunal adicional, es decir, en total habrá 25 jueces.
El presupuesto previsto para la remodelación de este edificio de cuatro plantas, es de 2.1 millones de dólares. Contará con 10 salas de audiencia, siete equipos técnicos (médico, psicólogo y trabajador social), 32 funcionarios darán soporte a los especialistas. También habrá una sala de Gesell, una sala lúdica, archivo y un área de aseguramiento transitorio.
En 2012, antes de que se implementen las Unidades de Flagrancia, se sentenciaban, en promedio, 15 causas de este tipo por mes, con una duración de 191 días. Con la vigencia del COIP y el funcionamiento de estas unidades, el promedio de sentencias por mes, es de 130 y los casos se tramitan en máximo 10 días.