Quito, 26 nov (EFE).- El 28,78 % de los niños colombianos residentes en Quito no tiene acceso a la educación básica, el 49,30 % no asiste a clases de educación media y el 83,29 % de quienes están en edad de ir a la Universidad «están marginados del sistema educativo», según un estudio presentado hoy.
El trabajo, titulado «Más allá de las fronteras: la población colombiana en su proceso de integración urbana en la ciudad de Quito», indica que las principales razones para esta inasistencia a centros educativos son la falta de documentos, la escasez de recursos económicos y las responsabilidades familiares.
«Estamos creando un problema social por esta falta de integración a este servicio básico» debido a la existencia de grupos «que sí tienen derecho» pero ven limitadas sus posibilidades «de crear su futuro a través de la educación», dijo durante la presentación del informe el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Ecuador, John Fredrikson.
Ecuador, donde residen 54.500 refugiados colombianos, es el principal país de acogida de ciudadanos de la vecina Colombia que, en un 70 %, viven en ciudades como Quito, Guayaquil, Ibarra, Esmeraldas, Tulcán y Lago Agrio, entre otras.
El trabajo, elaborado por Acnur y por el Instituto de la Ciudad de Quito, indica que la falta de documentos limita el acceso de los colombianos establecidos en la capital ecuatoriana también a derechos como el trabajo, el crédito o la vivienda.
El director del Instituto de la Ciudad, Julio Echevarría, dijo que, pese a ello, «la mayoría se propone asentarse definitivamente en la ciudad, aun por encima de la opción de regresar a su país» y pese a que muchos sufren problemas «de discriminación por nacionalidad».
En sus conclusiones, el trabajo señala que las personas con papeles en regla necesitan un menor acceso a servicios públicos de educación y salud, lo que es beneficioso para el Estado, pues la falta de documentos «demanda mayor inversión de energía y recursos».
Por ello, el documento aboga por una mayor correspondencia de las alternativas de regularización con la realidad de los colombianos.
También señala que las personas sin documentos sufren mayores perjuicios laborales al ubicarse en sectores como el de la construcción o el servicio doméstico, en el cual «se dan muchas veces casos de acoso o abuso sexual».
Otra situación que afecta a los colombianos, tanto si son refugiados, como solicitantes de esta condición o pertenecientes a otra categoría migratoria, es el pago con comida o vivienda por servicios prestados, algo que afecta doblemente a las mujeres, por su condición femenina y por ser colombianas.
Fredrikson destacó que «el refugiado necesita dejar de ser un refugiado» y rehacer su vida en el país que lo acoge y subrayó la aportación del estudio presentado hoy en el contexto de la búsqueda de vías para lograr ese objetivo. EFE