Asunción, (EFE).- La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) de Paraguay pidió incrementar las políticas públicas para evitar pero también castigar las agresiones contra menores, tras registrarse en las últimas semanas dos casos de niñas embarazadas a consecuencia de presuntos abusos sexuales.
La Coordinadora, que engloba a más de una veintena de organizaciones defensoras de los derechos de los menores, emitió hoy un comunicado tras conocerse hace dos semanas que a una niña de 10 años se le diagnosticó un embarazo de 22 semanas.
La menor está en un centro de la Cruz Roja en Asunción, mientras que la madre está en prisión preventiva por supuesta complicidad con el padrastro, quien se encuentra prófugo y bajo orden de búsqueda y captura.
Además, este lunes la Fiscalía paraguaya imputó por dejación del deber del cuidado a la madre de otra menor de 13 años embarazada de cinco meses, presuntamente a consecuencia de una violación.
En medio de la polémica que han suscitado en Paraguay ambos casos, la CDIA denunció que «en forma diaria, niños, niñas y adolescentes son víctimas de diferentes tipos de violencia, entre ellas el abuso y explotación sexual».
Pidió una mayor implicación de las autoridades ante estos casos, debido a la «débil respuesta de los servicios públicos ante denuncias sobre hechos de violencia».
En este sentido, solicitó al Estado que incremente el número de fiscales, defensores, jueces y auxiliares especializados en abusos y violencia contra menores, y le instó a adoptar medidas para «la recuperación integral, reinserción familiar y social de las víctimas».
CDIA instó además al Ministerio de Salud a implantar protocolos de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia, abusos sexuales o embarazos.
Exigió además «la investigación, persecución y sanción de las personas sospechosas de hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes», así como la aplicación de sanciones a «aquellos operadores del Sistema Nacional de Protección que por mal ejercicio de sus funciones desprotegen y vulneran a las víctimas».
También abogó por la protección de toda la información relacionada a la identidad y la privacidad de los menores víctimas de abusos y de sus familiares, para evitar que se sientan «revictimizados» por medios de comunicación, operadores de justicia o instituciones públicas.
La organización Amnistía Internacional (AI) lanzó hace días una acción urgente para reclamar a las autoridades de Paraguay que protejan la vida de la menor de diez años, ya que se trata de un embarazo de alto riesgo.
De acuerdo con las cifras de 2014, que todavía son provisionales, 684 menores de entre 10 y 14 años dieron a luz ese año, mientras que unos 20.000 de los alumbramientos fueron de madres de entre 15 y 19 años. EFE