Las autoridades de Ecuador investigan una supuesta estafa que afectaría al menos a 710 migrantes ecuatorianos en España, Italia, EE.UU. y Australia, quienes desde 2011 han comprado viviendas a tres empresas privadas en esos países y no las han recibido.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo este jueves en conferencia de prensa que 631 personas aparecen registradas como afectadas en ocho ciudades de España; 54 en tres ciudades de Italia; 24 en EE.UU. y una en Australia.
Indicó que la cifra de afectados podría ser mayor, pues se sabe que hay unos 1.240 clientes que «habrán pagado algunos millones de dólares en su totalidad», pero «no han sido registrados, no sabemos donde están» y «posiblemente» los haya en más países.
Las empresas que supuestamente incurrieron en estas ventas irregulares son Promaga S.A., compañía española registrada con el mismo nombre en Ecuador, Vive en el Ecuador S.L., también española y Denylg, que opera en España, EE.UU., Italia y Ecuador, informó.
Patiño alertó a los ecuatorianos en el exterior para que «no se dejen llevar por este tipo de ventas» y ofreció los nombres de los responsables de las compañías: en España Jose Manuel Menéndez, Erik Uscamaita, Gisella García, Sebastián Ricart y Celinda Salazar; en Génova (Italia) David Sánchez y en EE.UU. una persona cuyo apellido es Palacios.
También dijo que para ayudar a los afectados estos deben entregar en los consulados y embajadas de Ecuador los documentos que permitan registrar los pagos efectuados.
El canciller comentó que «una de las irregularidades más claras» que se ha detectado es que al cobrar a los clientes se les hacía firmar un documento en el que no constaba, en cambio, la firma de un representante de la compañía.
Sobre la empresa Promaga S.A., Patiño señaló que tras un año de supervisión por parte de la Superintendencia de Compañías de Ecuador, al no haber cumplido obligaciones como disponer del capital correspondiente ni registrar la información adecuadamente, el 23 de abril ese organismo dispuso su disolución y liquidación.
Pero explicó que «preocupa» el hecho de que en los balances de esta empresa no se registran los pagos efectuados por las viviendas, e insistió a sus compatriotas a que no hagan pagos a esta entidad, ya que debido a su disolución ningún empleado «puede seguir vendiendo», tal como ocurría «hasta ayer».
Patiño expresó su confianza en que tras la liquidación de los bienes de esta empresa, los afectados puedan recuperar los recursos invertidos.
El defensor del Pueblo encargado, Patricio Benalcázar, explicó que el primer expediente por estas ventas se abrió en agosto de 2014 y en octubre de ese año «se requirió a la Fiscalía el inicio de procesos penales por estafa». EFE (I)