La Fiscalía General y la Armada de Ecuador presentaron hoy un plan de estrategias conjuntas para fortalecer la investigación de los delitos que ocurran en los espacios acuáticos.
El fiscal general, Galo Chiriboga, resaltó los resultados obtenidos luego de varios meses de coordinación con el objetivo de unificar criterios y procedimientos en torno a las investigaciones sobre los delitos cometidos en aguas territoriales.
Como resultado de estos encuentros, Chiriboga anunció que se propondrán reformas a tres artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se refieren a los delitos registrados en circunstancias de flagrancia y sobre quiénes pueden aprehender a los sospechosos.
El funcionario indicó que el objetivo es que las técnicas especiales que actualmente aplican los elementos de la Armada en las investigaciones sean incorporadas dentro de los procesos que lleva la Fiscalía, es decir que su trabajo y aporte en alta mar sea similar al que realiza la Policía en territorio terrestre.
Para esto es importante, dijo, que los uniformados tengan conocimiento de la normativa jurídica para el desarrollo de pericias iniciales y manejo de custodia de las evidencias, que en la etapa de juicio pueden ser validadas como elementos de prueba.
El inicio y vigencia de la flagrancia que, según el COIP, establece como máximo 24 horas desde que se registra el delito es otro de los puntos que se trataron en las encuentros preliminares, señaló la Fiscalía en un comunicado.
La propuesta de reforma contempla que el tiempo de flagrancia inicie desde que los uniformados arriban al puerto más cercano junto con los detenidos y evidencias.
Según la Fiscalía, un punto de referencia son las reformas realizadas en este tema en países vecinos, como Colombia.
«Allí se ha logrado que la vigencia de la flagrancia sea de 36 horas, debido justamente a la distancia y el tiempo que tardan en arribar las lanchas guardacostas a puerto y poner los detenidos a órdenes de las autoridades», indicó.
De igual manera, señaló, se propone que se establezcan sanciones a delitos como la construcción de semisumergibles (tipo de submarino empleado comúnmente para transportar grandes cantidades de estupefacientes) en zonas de manglares, o la responsabilidad del dueño de las embarcaciones involucradas en actividades ilícitas. EFE [I]