Bogotá, (EFE).- Un total de 2.340 extranjeros aceptó su deportación voluntaria de Colombia, entre ellos inmigrantes que permanecían en la localidad de Turbo (noroeste) tras el cierre de la frontera de Panamá y otros que se encontraban en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, informó hoy Migración Colombia.
Del grupo de migrantes cubanos que pernoctaba en una bodega en Turbo, la mayoría se acogió «a deportaciones voluntarias» y abandonó «el territorio nacional por sus propios medios», según un comunicado de la entidad.
La situación de los cubanos que se instalaron en Turbo, puerto sobre el Caribe en la región de Urabá, con el fin de seguir viaje por tierra a Estados Unidos vía Panamá, era motivo de preocupación para la alcaldía local, que declaró la calamidad pública al calcular en unos 3.000 los ilegales que permanecían en esa población de 163.000 habitantes.
El pasado lunes, Migración Colombia informó de que más de 1.350 de los migrantes irregulares que estaban en Turbo se habían acogido a las deportaciones voluntarias propuestas por el Gobierno.
«A la fecha, Migración Colombia tiene documentados 1.540 procesos de deportación voluntaria de ciudadanos cubanos que permanecían de forma irregular en el municipio de Turbo», agregó la información.
El despacho agregó que los procesos de deportación voluntaria en Turbo se llevaron a cabo «de forma individual y en el marco del respeto de los derechos humanos», con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
Migración indicó, asimismo, que otro grupo de 800 extranjeros que se encontraba en Pasto, capital de Nariño, decidió acogerse a la deportación voluntaria después de que les explicaran el proceso.
Los extranjeros «se han acercado masivamente a la sede de Migración Colombia» para «obtener un salvoconducto que les permita ejecutar la medida de autodeportación», añadió la información.
El comunicado detalló que se decidió dividir el grupo de migrantes «para que sean atendidos en otras oficinas migratorias del occidente del país y el eje cafetero», en el centro, con el fin de agilizar la definición de su situación migratoria.
También se solicitó el acompañamiento de la Secretaría de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la fuerza pública para cumplir con este procedimiento, añadió la información. EFE (I)