Bogotá (dpa) – «Él se despidió y salió de la casa a entregar unos papeles a una señora en el sur de Bogotá. Habíamos quedado de almorzar juntos ese día pero nunca volvió», es el último recuerdo que Rafael Mora tiene de su hijo Juan Camilo, uno de los miles de desaparecidos que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia.
¿Dónde están? y ¿qué pasó? son las preguntas más frecuentes que las familias de estas víctimas sin voz se hacen cada día que pasa sin tener noticias de sus seres queridos, a los que no pudieron decir adiós.
«Mi hijo tenía 27 años cuando se lo llevó supuestamente el frente 51 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el mismo frente que secuestró a cientos de civiles en los alrededores de Bogotá. Hoy, si está vivo, tiene 37 años«, dice crudamente Mora al reconocer a dpa lo incierto del paradero de uno de sus dos hijos.
Para este profesor universitario y director de la Fundación Los que Faltan, que agrupa a más de 200 familias de secuestrados por las FARC de los que nunca se tuvo noticias, la «incertidumbre que se debe enfrentar cada día» los hace sentir como si estuvieran «muertos en vida».
«Lo que se hace en el día a día es tratar de superar eso porque uno está viviendo del recuerdo de su hijo y pues se nos quedó en la foto de hace 10 años porque no sabemos cómo está hoy», insiste Mora, que con la tristeza en su mirada debe admitir que a lo único que se aferran es a un milagro.
«Siempre le pedimos a dios de que lo mantenga vivo en donde esté», sostiene al limpiarse las lágrimas. Este es el drama que miles de familias enfrentan en Colombia desde hace décadas, un drama que ni el Estado ni los victimarios han podido sanar pese a las intenciones que, según Mora, se han quedado en el papel.
«Lo que sentimos realmente es mucha incertidumbre porque dentro del acuerdo de víctimas (firmado en el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC) está estipulado que la guerrilla tiene que colaborar con la ubicación de las personas que desapareció, pero ¿quién nos asegura que ellos van a decir la verdad?», cuestiona.
Aunque la cifra exacta de desaparecidos en Colombia no se conoce, organismos nacionales e internacionales estiman que son más de 50.000 los hombres y mujeres de los cuales se perdió rastro en las últimas décadas tras caer en manos de grupos guerrilleros y paramilitares, principalmente.
El Comité Internacional de la Cruz Roja estimó hace poco que «en los últimos 78 años en Colombia fueron reportadas como desaparecidas unas 117.000 personas» y advirtió que por lo menos el 70 por ciento de las familias de esas víctimas «siguen sin tener noticias de su paradero».
«La desaparición de personas sigue siendo uno de los principales retos humanitarios en Colombia», consideró el mes pasado el jefe de la delegación del CICR en el país, Christoph Harnisch, en el marco del día internacional de la Desaparición Forzada, delito considerado como de lesa humanidad.
Por su parte, las cifras estatales siguen siendo inciertas debido a la carencia de mecanismos eficaces para un registro veraz. Mientras la Fiscalía General calcula que hay unos 60.000 casos de desaparición forzada, el Instituto de Medicina Legal indica que hay 23.441 y la Unidad de Víctimas apunta que son unos 44.000.
Según Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas, una organización no gubernamental dedicada a la investigación forense y científica desde 2004, la «falta de voluntad política» es la verdadera razón por la que Colombia sigue haciendo investigaciones «basadas en testimonios».
«La Fiscalía no investiga, la búsqueda se ha hecho básicamente a través de lo que digan los perpetradores o los testigos, de lo contrario la Fiscalía no hace un esfuerzo investigativo para establecer cuántas son las víctimas y dónde podrían estar», considera Arango.
«La falla estructural del Estado es la falta de voluntad política, no ha habido voluntad de buscar a los desaparecidos», agrega la investigadora al considerar que en Colombia es necesario implementar el Plan Nacional de Búsqueda, activado en 2007 sin grandes resultados, «pero atendiendo los casos con particularidad».
Los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno y las FARC incluye un punto sobre el reconocimiento y reparación a las víctimas, además de la creación de una unidad conjunta de búsqueda de desaparecido que aunque para Mora no dará las respuestas necesarias, para Arango es una luz que miles de familias han esperado durante años.
«Estamos esperando que esta unidad de búsqueda entre en funcionamiento y rompa con la manera como se ha buscado en el país y corrija los errores del pasado para que esta vez sí se pueda establecer un universo aproximado de cuantas personas estamos hablando y así construir verdad», apunta la directora de Equitas.
Entretanto, miles de familias como la del profesor Mora seguirán a la espera de saber la verdad y poder darle fin a años de agonía.
Por Tatiana Rodríguez (dpa)