La indignación creció en Colombia a medida que se ampliaron los detalles de la violación, tortura y asesinato de una niña de siete años que apareció muerta en un apartamento de clase alta de Bogotá.
El presunto responsable del crimen, Rafael Uribe Noguera, es un arquitecto de 38 años que la noche del domingo ingresó a una clínica del norte de Bogotá tras haber consumido cocaína. Desde ahí, decenas de personas detuvieron el tráfico en medio de una protesta que exigía que el suceso no quedara en la impunidad.
Según las investigaciones de las autoridades, Uribe Noguera secuestró a la menor el domingo 4 de diciembre cuando jugaba afuera de su casa, en la barriada de Bosque Calderón.
La niña fue subida a una camioneta y conducida a un apartamento de propiedad de Uribe Noguera en un sector acomodado de Bogotá donde, según la necropsia, la menor fue golpeada, torturada, abusada sexualmente y asesinada por asfixia.
A este hecho se suma la investigación por el aparente suicidio el pasado viernes de Luis Fernando Merchán, el vigilante que el día del crimen estaba de turno en el edificio donde fue encontrado el cadáver de la niña.
Merchán, de 58 años, anotó en el libro de minutas el ingreso al apartamento de los hermanos de Uribe, Catalina y Francisco, horas después del asesinato y antes de que llegara la policía, razón por la cual fueron llamados a declarar por la Fiscalía.
Cientos de personas se congregaron en una plaza de la capital con velas y flores blancas para pedir «justicia» en el caso. La conmoción escaló hasta el punto de reabrir el debate sobre la pena de cadena perpetua en el país.
«¡Aquí está el violador, aquí está el asesino!», gritaba una mujer.
La investigación del Instituto de Medicina Legal de Colombia concluyó en menos de 24 horas que la niña había muerto por asfixia y sufrió abuso sexual.
La Fiscalía aseguró que el lugar del crimen había sido alterado por «terceros» y prometió que no permitiría la obstrucción de justicia.