Los solicitantes de asilo en Israel deberán abonar una quinta parte de su sueldo, cuando consigan un trabajo, cantidad que les será devuelta al abandonar el país, según la nueva enmienda a la Ley de Prevención de Infiltración, informó hoy el diario «Haaretz».
La medida, que entrará en vigor en abril próximo, obligará a los demandantes de asilo, la mayoría procedente de África, a depositar hasta el 20 % de su sueldo, con la posibilidad de que el Estado retenga una parte si no salen del país en la fecha prevista.
Los contratantes darán un 12,5 % adicional al fondo de depósito y los trabajadores podrán reducir su aportación hasta un mínimo del 16,5 %, de acuerdo con la normativa.
El Parlamento israelí (Knéset) aprobó el martes la modificación legal para acelerar la operatividad del fondo de depósito establecido en 2014.
El objetivo es hacer más cara la contratación de los solicitantes de asilo y dar a los trabajadores un incentivo para salir de Israel.
Las organizaciones de derechos humanos han criticado la medida al considerar que afectará negativamente a los demandantes y han enviado una carta al ministro israelí de Interior, Arye Dery, indicó «Haaretz».
«Llamamos su atención para prevenir las críticas consecuencias de crear un fondo de depósito, que agravará la situación en las áreas más vulnerables donde viven los solicitantes de asilo y convertirá los barrios en una zona de crisis humanitaria», exponen en la misiva en relación a la pérdida de poder adquisitivo de los demandantes.
La polémica Ley de Prevención de Infiltración fue aprobada en 2012 y modificada en varias ocasiones ante las reiteradas críticas y la reacción del Tribunal Supremo en 2015, que anuló una de las enmiendas que contemplaba veinte meses de retención de inmigrantes ilegales en centros de internamiento. EFE (I)