(EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, opinó hoy que en casos «específicos» sería «factible» hacer abortos legalmente y no de forma clandestina, tal y como sucede en el país, donde esta práctica está prohibida.
En una conferencia de prensa, Cabrera dijo que este es «un problema serio» desde hace años en la sociedad guatemalteca pero apuntó que desde el punto de vista médico hay casos que comprometen la vida de la madre y del niño, por lo que éstos «deben evaluarse«.
En Guatemala el aborto está prohibido y es un tema tabú entre la población, conservadora y patriarcal.
Las declaraciones del vicepresidente se dieron horas después de que varios partidos, de la oposición y también el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), presentaran en el Congreso la iniciativa de ley «Prevención a la vida y la familia«, en la que piden aumentar la penalización contra el aborto e imposibilitar el matrimonio homosexual.
Sobre las uniones maritales entre personas del mismo sexo, el vicepresidente dijo que en lo personal está en contra, porque las personas están en libertad de elegir a su pareja pero para ello «no es necesario aprobar un matrimonio».
«La decisión del individuo está a la mano (..). No amerita estar pensando en matrimonios de esa naturaleza porque en lo personal creo que esa situación no vale la pena», explicó.
Añadió que aún no se sabe «con exactitud la causa de por qué existe el homosexualismo»: «Creo que es un tema muy delicado, no se ha determinado con cabalidad (certeza) si es en el cerebro, si es genético o si hay predisposición en el individuo».
La propuesta de ley presentada establece penas de prisión de 5 a 10 años para la mujer que cause o consienta el aborto y de 6 a 12 años de cárcel para quien lo practica, si es consentido.
Los médicos o profesionales sanitarios que lo consientan o que «cooperen» en su realización tendrían que pagar, además, un multa de 50.000 a 200.000 quetzales (de 6.600 a 26.600 dólares) y quedarían inhabilitados para ejercer su profesión entre 10 a 20 años.
La propuesta contempla el aborto terapéutico siempre y cuando lo recomienden «por lo menos dos médicos gineco-obstretas» porque la vida de la progenitora está en riesgo y se han agotado «todos los medios científicos y técnicos».
La propuesta, que fue acompañada con 30.000 firmas y estuvo respaldada por la Alianza Evangélica, también prohíbe expresamente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y restringe a las entidades educativas, públicas y privadas, a promover programas relativos a la diversidad sexual.
Además, estipula que ninguna persona podrá ser «perseguida penalmente» por no aceptar «como normal la diversidad sexual o la ideología de género». EFE
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