Miles de habitantes de la Isla de Santa Cruz, la más poblada del archipiélago ecuatoriano de las Galápagos, se manifestaron el viernes para exigir al Gobierno que extienda las aguas territoriales de las islas de 40 a 100 millas y así contrarrestar la pesca ilegal china en la zona.
La demanda fue planteada en un multitudinario acto en el puerto de Puerto Ayora, capital de la isla de Santa Cruz, donde la lucha popular se centró contra la pesca ilegal de barcos chinos dentro y fuera de la zona exclusiva económica de Ecuador.
Con pancartas como «los tiburones son la vida de nuestros mares», «respeto al mar», «Stop killing sharks», los manifestantes fueron convocados el martes a la ciudad de Quito para entregar un manifiesto al poder legislativo con el que exigir medidas más contundentes contra la pesca ilegal.
El acto tiene lugar en relación con la captura hace dos semanas, el 13 de agosto, de un barco chino, el pesquero Fu Yuan Yu Leng 999, dentro de la reserva marina de las Galápagos y el inicio el viernes del juicio, en la vecina isla de San Cristóbal, contra los 20 tripulantes.
Además, fuera de las aguas territoriales ecuatorianas faenan en estos momentos entre 100 y 300 pesqueros de una flota china.
Ecuador demandará a la empresa propietaria del barco capturado por 36.800 millones de dólares por daños causados a la reserva natural marítima de Galápagos, informó hoy el Gobierno de ese archipiélago.
El daño ha sido calculado con base en el impacto a largo plazo por la pérdida de biodiversidad y daño al medioambiente, después de que le fueran halladas más de 300 toneladas de peces de especies protegidas en sus bodegas, el 60 por ciento de ellos tiburones, y faenar dentro de la reserva.
Se requerirán «daños y perjuicios y una reparación integral», dijo una portavoz del Gobierno durante la visita de un grupo de periodistas con motivo de la primera audiencia del juicio a los tripulantes del pesquero chino, un proceso encabezado por la jueza Alexandra Arroyo.
La semana pasada el Ministerio de Exteriores presentó una «protesta formal» a China, a la que este país no ha respondido públicamente.
«El embajador chino manifestó la mejor voluntad de su gobierno para tomar las medidas necesarias de conformidad con los convenios internacionales sobre la materia (y) poner fin a estas prácticas ilícitas», dijo la Cancillería ecuatoriana, al cabo de varios días de silencio de Pekín.
Consciente de sus limitaciones frente al gigante asiático, que es además un importante cliente de petróleo y fuente de asistencia, portavoces ecuatorianos aclararon que la demanda no es contra China sino la empresa pesquera.
Pero en una acción más amplia Quito ha apelado a internacionalizar el caso para afrontar futuros problemas.
Así lo señaló el director de Relaciones Vecinales y Soberanía de su Cancillería, Efraín Baus, quien señaló que las acciones de coordinación han incluido al Organismo de Regulación Pesquera del Pacífico Sur de Suramérica y la Comisión Interamericana del Atún Tropical.
La coordinación también se ha hecho con los vecinos Colombia y Perú, para verificar informaciones sobre la situación de la flota pesquera china, apuntó.
Y aseguró que el Gobierno chino ha iniciado una investigación y ha ofrecido establecer «medidas correctivas para que situaciones de esta naturaleza no se repitan».
Unas promesas que, para el ciudadano de pie, sobre todo el galapagueño, quedan lejos y difusas.EFE
